Doce días después de que declarara como detenida ante la Policía, Mar Villafranca volvió a sentarse en la sala de prensa del Palacio de Carlos V para afrontar su comparecencia más difícil. Hace menos de dos semanas, en aquella rueda de prensa convocada de urgencia tras salir de las dependencias policiales, Villafranca aseguró que si resultaba imputada como consecuencia de la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, pondría su cargo a disposición de sus superiores. Pero el lunes, tras conocer el duro contenido de la querella penal presentada por la Fiscalía Provincial de Granada, la que ha sido directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife durante los últimos once años decidió "dar un paso más" y renunciar a su cargo.

Tras una "reflexión meditada y sincera", Mar Villafranca remitió una carta a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, comunicándole su decisión de abandonar su puesto para "no afectar a la proyección social y cultural del conjunto monumental". La ya ex directora de la Alhambra, que leyó públicamente su misiva a la consejera, aseguró que su renuncia "resulta favorable para la preservación de los intereses públicos de la institución", así como para su propio derecho a la defensa.

Villafranca asegura en el escrito que durante los once años de su mandato "todas las decisiones tomadas han estado respaldadas por procedimientos administrativos transparentes, informes jurídicos preceptivos y fiscalizaciones previas por parte de la Intervención Delegada", lo que, a su juicio, garantiza que han estado "salvaguardadas por la legalidad administrativa vigente". "Estoy convencida de que el tiempo y mi confianza en la Justicia determinará mi recto proceder como directora de este centro en la defensa del interés público".

Villafranca concluyó su intervención, de poco más de cinco minutos y en la que se mostró visiblemente afectada, asegurando que la suya es "una decisión responsable" que toma en el ejercicio de su "honestidad y libertad", recordando que ha sido "un honor" estar al frente del Patronato durante los últimos once años. "Me llevo los recuerdos de los mejores años de mi vida".

Con todo, la exposición pública de la ya ex directora de la Alhambra como consecuencia del caso de las audioguías no ha terminado. Ayer, pocas horas después de que Mar Villafranca hiciera pública su dimisión, la Fiscalía Provincial remitió el contenido íntegro de la querella criminal formalizada ante el Decanato de los Juzgados de Granada. Y lo cierto es que resulta demoledor.

El escrito de la Fiscalía, que explica que la investigación partió de la denuncia de un ex empleado de la empresa Stendhal Museum Solutions (antes GTP Museum Solutions), asegura que todo el procedimiento que ha rodeado la adjudicación y la prestación del servicio de audioguías está bajo sospecha. No se trata únicamente de la adjudicación en sí misma bajo una oferta "temeraria" que luego fue modificada a la hora de formalizar el contrato -pasando de un canon anual de 77.000 euros a uno de 30.000 y de un canon variable de un 47% a uno del 15%- y posteriormente rectificada antes de que llegara la fecha de la renovación, sino de un "plan" orquestado por los implicados en el proceso que causó un perjuicio económico al Patronato de la Alhambra y el Generalife de 5,41 millones de euros. El "nulo control" sobre el adjudicatario, la "actitud especialmente favorecedora" a los intereses de la empresa, la falta de exigencia del pago y el hecho de permitir que el contrato se desarrollase "en condiciones completamente diferentes" a las exigidas inicialmente, ha causado, según la Fiscalía, "un importante perjuicio a las arcas del Patronato".

En su querella, la Fiscalía apunta a la ya ex directora de la Alhambra; a la secretaria general del monumento, Victoria Chamorro; al jefe de Contabilidad, José María Visedo; al interventor, Miguel Gutiérrez; y a los responsables de Stendhal, A. L. y Luis Parra, como presuntos responsables de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía Provincial, la modificación de las condiciones del contrato y posterior subsanación previa a su prórroga se agrava por el hecho de que la empresa no hubiera pagado "ni un solo euro" a en julio de 2011 y de que a la fecha de la firma de la renovación, en octubre de ese mismo año, apenas hubiera efectuado un ingreso "simbólico" de 33.146,56 euros. Stendhal tampoco cumplió las obligaciones contractuales; no fue capaz de mantener el volumen de negocio de la anterior adjudicataria -la pérdida sobre la recaudación esperada superaría los 419.410 euros-; y reconoció encontrarse "en una mala situación económica", que la incapacitada para afrontar la deuda con la Alhambra. Y, con todo, se le renovó el contrato tras celebrar reuniones previas con el adjudicatario "para trazar un plan que le permitiera ofrecer una salida" a esa falta de pago.

Entre las medidas incluidas en ese plan, según la Fiscalía, se encontraría la decisión de modificar el objeto del contrato y las condiciones técnicas y económicas, otorgándole a Stendhal un servicio de información a los visitantes cuyo coste se detraería del canon variable trimestral que estaba obligado a abonar. De esta forma, la Fiscalía entiende que se minoraron las cantidades a ingresar por el adjudicatario, estableciendo "condiciones más ventajosas que las inicialmente pactadas".

No es todo. En septiembre de 2011 (poco antes de la firma de la prórroga), el jefe de Sección de Gestión de Ingresos emitió un informe en el que manifestaba que el alquiler de audioguías a grupos se encontraba exento del canon variable, pese a que una resolución de la Consejería de Cultura establece que todos los grupos que entren en el recinto y que superen las 6 personas deben estar provistos de ellas. La resolución del Patronato, por tanto, supuso "un perjuicio para los ingresos del Patronato y un beneficio para el adjudicatario", más aún teniendo en cuenta que en el momento de la adjudicación del contrato, la empresa presentó mejoras a los pliegos en las que se comprometía a ofrecer el servicio de audioguías a grupos "de forma gratuita".

En octubre de 2011, un día antes de la firma del a prórroga del contrato, la Alhambra reconoce "de forma indebida" a la empresa deudas pendientes por la prestación de servicios de información al visitante -que no estaba incluido en el contrato inicial y que debería haber sido "sometido a las normas de contratación administrativa- valoradas en más de 286.000 euros, mientras que la empresa adeudaba por entonces a la alhambra más de 78.399 euros. Este hecho lleva a la Fiscalía a asegurar que el reconocimiento fue "orquestado y consensuado por las partes a fin de posibilitar la prórroga del contrato y justificarlo frente al Pleno del Patronato".

El "plan" del que habla la Fiscalía en su escrito incluye, además, la "afloración del dinero opaco de la empresa" derivado de la sustracción de la recaudación obtenida por el servicio entre 2007 y 2011, periodo en el que no abonaron ningunas de sus obligaciones de pago a la Alhambra. En 2012, "afloran de forma parcial esos ingresos", mediante la simulación de facturación por "ventas ficticias o servicios inexistentes" por el valor equivalente a la diferencia entre la deuda reclamada por el Patronato y la que el Patronato le debía a la empresa por el servicio de información. ¿Cómo se afloró este dinero? Pues, según la Fiscalía, mediante el ingreso reiterado de 25.000 euros en la cuenta de la empresa en concepto de "recaudación pendiente quincenas de enero a junio de 2011", así como la facturación "ficticia" de 1.332 euros diarios en concepto de alquiler de audioguías a 111 grupos a razón de 12 euros cada uno.

La Fiscalía destaca que se trata de una "cantidad anormal", ya que para justificar esa recaudación -exenta de canon, según había establecido el Patronato-, deberían haber entrado en la Alhambra entre 2.000 y 3.000 personas con los equipos de Stendhal, que habrían cubierto la mitad del aforo del monumento y que en ningún caso podrían haber estado servidos con los 40 equipos que tenía la empresa.

Entre las acusaciones de la Fiscalía -que también apunta que el Patronato permitió a la empresa cobrar el servicio a 6,5 euros en lugar de los 4 estipulados- contra Villafranca y Chamorro, se encuentra la de "mentir" en el Pleno de junio de 2011, donde manifestaron que la empresa tenía un plan de pagos que no se firmaría hasta bien entrado el mes de julio siguiente.

En la querella, la Fiscalía estima que ofrece efectuar ofrecimiento de acciones a la Junta de Andalucía "como perjudicada por los hechos", advirtiendo de que el letrado del Gobierno andaluz "no podrá personarse en defensa de los intereses" de Mar Villafranca.