La elección del Defensor del Pueblo se contamina del (mal) ambiente político

Se ha acabado la vía andaluza? ¿O sólo está pausada? Habrá que verlo. Pero la realidad es que los grupos políticos en el Parlamento autonómico han roto una tradición que, hasta ahora, se había respetado escrupulosamente porque no han sido capaces de consensuar el nombre de quien será el próximo (o próxima) Defensor del Pueblo Andaluz. Es más, no sólo no se han puesto de acuerdo sino que han terminado insultándose en público.

El PP propuso para relevar a Jesús Maeztu, que ya ha tenido una prórroga también caducada desde el pasado mes de septiembre, a la presidenta de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García Palacios. Un nombre que, a priori, podía concitar apoyos y respaldo por su perfil social, además respetado por los profesionales del tercer sector. Pero a los populares se les olvidó mencionar en su currículum que había sido miembro de una lista electoral de su partido en Cádiz en el año 2015, si bien lo hizo como independiente. Rosario García Palacios ocupó el puesto número 15 en la plancha electoral que encabezaba Teófila Martínez a las elecciones municipales de ese año.

Un dato que este miércoles descubrió el PSOE e hizo montar en cólera no sólo a la portavoz María Márquez sino también a Verónica Pérez, miembro de la Comisión Consultiva de Nombramientos que tenía que aprobar su idoneidad para el cargo. García Palacios logró pasar esa prueba pero sólo con los votos del PP ya que los grupos de izquierdas votaron en contra y Vox se abstuvo. “El PP mancha una institución de prestigio como el Defensor del Pueblo Andaluz, soberbia y rodillo parlamentario”, decía Verónica Pérez. Desde Por Andalucía, su portavoz Inma Nieto tampoco se quedaba atrás destacando la “grandísima equivocación del PP por provocar un profundo desencuentro con el resto de la Cámara, un rodillo con el agravante de que arrastra la credibilidad de las personas propuestas y la fiabilidad futura de las instituciones”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, censuraba el control que el PP ejerce en los órganos de extracción parlamentaria, “ya controlan la Cámara de Cuentas y ahora pretenden que no haya ninguna herramienta para denunciar malas prácticas de la administración”.

¿Y qué pasa con Vox? Aseguran que no ha habido ninguna negociación con el PP para el nombramiento de la nueva Defensora del Pueblo Andaluz aunque son conscientes de que sus votos son cruciales; el PP necesita 66 diputados para sacar adelante este nombramiento y cuenta con 58 diputados en la Cámara, y hay una negativa tajante, poco susceptible de cambiar, en el resto de los grupos políticos.

El portavoz parlamentario del PP también entraba en la polémica. Toni Martín aseguraba que el problema era que el PSOE lleva un año y medio “evitando el consenso. Quienes integran el grupo socialista no tienen ni voz, ni voto, ni decisión, ni nada; acatan la orden de María Jesús Montero que fue que con el PP y con Juanma Moreno no se acuerda nada”.

Es cierto que ha habido conversaciones, como las ha habido con el PSOE, pero no han llegado a buen puerto. Aunque hay margen de negociación ya que este cargo se votará en el pleno que se celebrará los días 23 y 24 de julio, el último del período de sesiones. Hay que recordar, por cierto que el partido de Santiago Abascal ha sido muy beligerante contra esta figura que designa el Parlamento, abogando en numerosas ocasiones por su supresión. Una medida extrema lejos de materializarse ya que está recogida en el Estatuto de Autonomía.

Contrapoder

El nombramiento del Defensor del Pueblo es un asunto que trasciende las cuitas políticas. No se trata sólo de sillones sino de instituciones que ejercer de contrapoder al Gobierno andaluz. Por eso sus mandatos son de cinco años, para evitar su coincidencia con los gobiernos de turno. Aunque en este caso se da la paradoja de que podría coincidir con las siguientes autonómicas, teniendo en cuenta que queda un año de legislatura.