"Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan". Es lo que dice el artículo 16 de la Ley de Igualdad aprobada por las Cortes Generales en marzo de 2007. A la vista de los datos facilitados por la Junta de Andalucía, las empresas públicas dependientes de ésta parecen disfrutar de un indulto.

La norma concreta que, para atender a esa "presencia equilibrada", los nombramientos de cada sexo no serán superiores al 60% ni menores del 40%. Pues bien, en ninguno de los niveles de responsabilidad de estos organismos, -que han sido creados y están participados mayoritariamente o controlados efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía- se cumple con el equilibrio, según recoge el informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Junta para 2011.

Sólo cuatro mujeres ostentan la dirección o gerencia en 31 puestos directivos de 26 entidades instrumentales analizadas en el proyecto de Presupuestos. Los otros 27 cargos están ocupados por hombres. Requerida la Consejería de Hacienda y Administración Pública para conocer cuáles organismos están dirigidos por mujeres, ésta se limitó a contestar que "se trata de cuatro puestos de dirección gerente, asumidos por dos empresas públicas".

El desequilibrio no acaba aquí. Si se amplía el análisis al personal que desarrolla funciones directivas en estas 26 agencias públicas, sociedades mercantiles y otras entidades asimiladas, excluyendo los puestos de dirección o gerencia, el informe concluye con el 67% de los puestos ocupados por hombres y el restante 33% por mujeres.

La situación de las diferentes entidades es bastante heterogénea, añade el documento. Así, los organismos pertenecientes a las Consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Igualdad y Bienestar Social muestran una distribución paritaria por sexo.

Otras cercanas a la banda de equilibrio pero con mayor presencia de hombres en puestos directivos son las dependientes de las consejerías de Salud (empresas públicas de hospitales, Escuela de Salud Pública...), Presidencia (Agencia de Cooperación para el Desarrollo, Radio y Televisión de Andalucía...), Agricultura y Pesca (Desarrollo Agrario y Pesquero Dapsa,...) o Turismo, Comercio y Deporte.

Las entidades pertenecientes al resto de consejerías, entre las que destacan Obras Públicas y Vivienda (Ferrocariles, Gestión de Infraestructuras Giasa, Empresa Pública de Suelo Epsa...) y Medio Ambiente (Egmasa) se muestran en un nivel sensiblemente más alejado de una composición equilibrada por sexo, con presencia mayoritaria de hombres, subraya el informe.

Estos datos contrastan con los analizados por la Junta hace dos años (en los presupuestos de 2010 pasó de puntillas). Entonces también se anotaban cuatro mujeres en la máxima responsabilidad, pero había un equilibrio en los cuadros directivos ahora inexistente. Aquel informe de los Presupuestos de 2009 se congratulaba de una progresiva incorporación de la mujer en la función directiva del sector púbico, que alcanzaba una representatividad del 42%.

Aquella fue la primera vez que se analizaron las empresas públicas en un informe de impacto de género que acompaña a los Presupuestos desde 2005.

¿Se va a hacer algo para corregir esta desigualdad? La Junta no profundiza en los puestos de responsabilidad y destaca un programa, Igualem, por el que las empresas públicas y privadas de más de 250 trabajadores tienen que elaborar obligatoriamente planes de igualdad para sus trabajadores.

Aunque la Junta expone que se están desarrollando veinte convenios con las empresas públicas para que cuenten con planes de igualdad, lo cierto es que tan sólo una cuenta por ahora con uno.

En febrero firmó el convenio la Fundación Pública Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social (Fadais), adscrita a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El llamado mainstreaming de género, proceso que debe inundar las políticas públicas para lograr la igualdad de género, está presente en el núcleo duro de la Administración, pero pasa de largo por las empresas públicas dependientes de ésta. Bien es cierto que las distintas normativas de la Junta que hacen referencia a la igualdad (Ley 6/2006 de Gobierno de la Comunidad Autónoma, Ley 9/ 2007 de la Administración de la Junta de Andalucía y la ley 12/2007 de la promoción de la igualdad de género en Andalucía) recogen que esta representación equilibrada afecta a las designaciones que corresponda al Consejo de Gobierno, por el que no pasan los directivos de las empresas públicas.

No obstante, el espíritu de los planes de igualdad de la Junta, como el aprobado recientemente hasta 2013, instan a la Administración a impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos, de los que por el momento se escapa el sector público.