Torres de papel que amenazan con llegar al techo y decenas de cajas archivadoras acumuladas en el suelo por falta de estanterías y armarios. Ese es el desolador panorama que puede encontrarse en las dependencias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que dirige Mercedes Alaya. Esos miles de documentos que se apilan en torretas inalcanzables o descansan amontonados en carpetas por los suelos de este juzgado son sólo una parte de los 2,5 millones de documentos que integran la causa en la que se investigan las irregularidades de los cursos de formación financiados con fondos públicos.

Esta falta de mobiliario adecuado fue denunciada por el juzgado de Alaya hace ya varias semanas sin que la Junta de Andalucía, que es la competente en la dotación de los medios materiales y personales de los órganos judiciales, haya enviado por ahora los muebles.

La causa de los cursos de formación supera ya los 131 tomos y se ha convertido en otra macrocausa monstruosa que amenaza con dejar en pañales el caso de los ERE fraudulentos, tanto en lo que se refiere al volumen de documentos que integran las actuaciones como al contenido de las mismas, a pesar de que en los cursos sólo hay, por el momento, dos imputados -los ex consejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda-, frente a los 266 imputados, sin contar los aforados, que hay en los ERE.

La situación ha llegado a tal extremo que los funcionarios del juzgado están planteándose hacer una colecta para comprar una escalera con la que poder facilitar el acceso a las torres de documentos, al haber perdido la confianza en que la Junta les facilite este elemento, puesto que ni siquiera les han remitido por ahora los armarios.

El pasado 9 de febrero, el secretario del juzgado de Alaya envió dos escritos a la delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, reclamando el envío urgente de "dos armarios y tres estanterías" para evitar que los documentos estuviesen literalmente por los suelos de las dependencias judiciales. También pidió mejoras relacionadas con los dos escáneres que, desde septiembre de 2014, se están utilizando para digitalizar esos 2,5 millones de documentos que conforman la parte documental de la investigación de los cursos de formación. Pero esas peticiones siguen sin recibir respuesta alguna de la Junta.

Desde la Consejería de Justicia e Interior de la Junta aseguraron ayer a este periódico la delegación del Gobierno andaluz en Sevilla tiene previsto enviar esta semana, quizás hoy mismo, las estanterías y armarios que reclama el juzgado. De la misma forma, tienen previsto realizar las mejoras necesarias en uno de los escáneres que hasta ahora no puede digitalizar más de un millar de documentos al día, frente a la otra máquina que si tiene capacidad para escanear hasta 6.000 documentos diario.

La Administración de Justicia, posiblemente por problemas de burocracia, no atiende con la celeridad necesaria las peticiones de medios que precisan juzgados como el de Mercedes Alaya, que además tienen encomendadas la instrucción de importantes macrocausas contra la corrupción.

En una misma semana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, pusieron de manifiesto que la situación de la Justicia es actualmente de "vergüenza" y "lamentable", en relación con el retraso de los procedimientos -con juicios que se señalan para dentro de tres y cuatro años- y la falta de medios materiales y personales de los jueces. Pero ambas Administraciones, cada una en la parte de las competencias que les afectan, son responsables de la situación.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, aseguró que su departamento le había dado a Alaya "siempre todo lo que ha pedido" y destacó el esfuerzo que se ha realizado para dar respuesta a todas las peticiones planteadas por el juzgado de Alaya. Desde la Junta aseguran que ante las solicitudes de este juzgado se ha respondido "con la mayor celeridad posible" y en función también de la disponibilidad de los recursos limitados con los que cuenta actualmente la Justicia en Andalucía, conjugando esa atención con las necesidades de otros órganos judiciales que "atraviesan situaciones similares a la de este juzgado por la gran sobrecarga de trabajo que soportan", como ocurre con los juzgados de lo Mercantil.