Con cuentagotas. Las dos partes que se sentarán a la mesa después de año y medio de enfrentamientos, Junta y Gobierno central, racionan los detalles que centrarán las discusiones del denominado grupo de trabajo de Doñana. Al menos será así hasta el lunes, cuando en horario vespertino y en el Palacio de San Telmo, las dos administraciones den inicio a unas conversaciones que, al menos ese primer día, se centrarán en aspectos puramente técnicos.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes conocedoras de los mismos quienes añadieron que, además del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se sumarán al equipo de la Junta de Andalucía los titulares de las carteras de Medio Ambiente y Agricultura y Agua, Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo respectivamente. La intención es tener representantes del Ejecutivo autonómico ante los distintos colectivos que tienen previsto convocar a las reuniones que van desde los productores afectados, hasta agentes sociales y representantes de la comunidad científica.

A pesar de que desde todos los implicados se quiso diferenciar estas comparecencias de las habidas con motivo de las vividas en la Comisión de Fomento del Parlamento el pasado mes de junio con motivo de la tramitación de la proposición de ley, varios de los participantes en la misma, repetirán ahora que se busca un acuerdo más global entre dos partes que podrán proponer un número de comparecientes que también se deberá acordar este próximo lunes.

La siguiente reunión, al menos si no se acuerda lo contrario, está previsto que tenga lugar apenas dos días después, es decir, el próximo miércoles. A pesar de que en un principio este encuentro tenía previsto celebrarse en Madrid y a ella estarían convocados los agricultores afectados por la regularización de sus terrenos, ni uno, ni otro aspecto serán confirmados hasta que finalice la reunión del lunes. Algunas de estos encuentros podría tener lugar incluso en la provincia de Huelva y en algunas de las cinco localidades de la Corona Norte con suelos agrícolas afectados.

En cuanto a su funcionamiento, todos los consultados se remiten al de la Oficina Técnica del Mar Menor y tendrá el objetivo de marcar las actuaciones prioritarias en ese parque nacional andaluz y proteger el ecosistema junto con las condiciones socioeconómicas en la zona.

Con 350 millones de euros encima de la mesa –a los que hay que añadir una cantidad similar comprometida y parcialmente invertida ya en la visita a Almonte hace un año de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera– , su reparto entre los propietarios de los terrenos que la proposición pretendía regularizar y los ayuntamientos de los municipios donde se encuentran, va a centra buena parte de las discusiones. Los primeros, con la amenaza del recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno (algunas fuentes aseguran que ya está redactado), la falta de obras hidráulicas que aumenten el caudal de aguas superficiales para suplir la explotación de un acuífero en estado crítico después de un verano de calor extremo y meses sin lluvias, son las bazas de un gobierno que se suma a la reiterada prohibición a aumentar regadíos por parte de la UE, para convencerles de una permuta de tierras que, al menos de momento, parece la opción más razonable.

El consejero de Medio Ambiente en Almería.

Dos consejeros más

El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, reconocía ayer que están “expectantes” ante el periodo que se abre “tras el cambio de postura” del Gobierno central para buscar una solución consensuada respecto a Doñana, y ha advertido de que la “prioridad absoluta” es “dar una solución a los agricultores perjudicados” por el Plan de la Fresa de 2014. “Confiamos en que el Gobierno de España sea capaz de poner los medios suficientes para aportar esas soluciones”, indicó el consejero que confirmó que la “disponibilidad es total” por parte de la Junta para “aprovechar este mes de octubre al máximo”.

El también portavoz de la Junta, añadió que “la predisposición” del Ejecutivo que lidera Juanma Moreno para alcanzar un acuerdo es “absoluta” como la “determinación que tenemos para dialogar hasta la extenuación para buscar soluciones a todas esas personas” que “lo merecen desde hace tantos años”.

Fernández-Pacheco reconoció que el anuncio de invertir “en toda la zona hasta 350 millones de euros de diferentes ministerios” es “genérico” y ahora “falta ver que todas esas cantidades se materializan en proyectos concretos que satisfagan las expectativas que en el territorio existen”. “En eso nos vamos a ocupar a lo largo del todo el mes de octubre”. “Toda inversión que venga, no a Huelva, sino al conjunto de Andalucía, desde el Gobierno será bienvenida y trabajaremos con la máxima lealtad para aterrizar esa cantidad de dinero en proyectos concretos que beneficien a Huelva”, concluyó.

La proposición no se retira

Por su parte, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, insistió en esa voluntad de llegar a un acuerdo. “Nosotros vamos a intentar, por un lado, ofrecer una apuesta claramente por el impulso al sector económico de Huelva, y una apuesta por la actividad de nuestros agricultores y el futuro de nuestra agricultura”.

En cuanto a la proposición de ley, el consejero quiso dejar claro que no se ha retirado, sino que está pendiente de si hay acuerdo: “confiamos en que pueda haber acuerdo y vamos a poner todo el empeño en este mes que nos hemos dado para alcanzar ese acuerdo”. Asimismo, consideró fundamental que los agricultores respalden ese acuerdo.