Los usuarios del tren convencional que conecta las provincias de Málaga y Sevilla llevan más de un año obligados a hacer transbordo a mitad de camino para poder llegar a su destino. El corte de la vía en el tramo de Osuna a Pedrera, gravemente dañado por las fuertes lluvias de octubre de 2018, fuerza a los pasajeros a bajar del tren en este punto, recorrer unos 26 kilómetros en autobús y volver a subir al ferrocarril después para continuar su viaje. La maniobra incrementa en una hora la duración del trayecto que, en condiciones normales, es de dos horas y 20 minutos.

Todo esto, a pesar de que las obras de la variante ferroviaria alternativa para que puedan pasar los trenes lleva construida desde inicios de abril de 2019. Seis meses después, esta infraestructura sigue cerrada y sin fecha para desbloquear su apertura, por el desacuerdo entre la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y Adif (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Por este asunto, entre otros, alrededor de 200 personas volvieron a concentrarse ayer en la estación de Bobadilla (Antequera), convocados por la Plataforma en defensa del Tren Rural de Andalucía (PTRA), para “denunciar la situación esperpéntica y de emergencia en la que se encuentra el ferrocarril en Andalucía”, en palabras de Miguel Montenegro, representante del sindicato CGT, integrante de dicha plataforma.

Por la mañana, la PTRA mantuvo en Granada una reunión con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, a la que también asistieron los alcaldes de los municipios sevillanos de Pedrera y La Roda de Andalucía, Antonio Nogales y Juan Jiménez, respectivamente, para abordar esta problemática. En principio, según explicó Montenegro, la consejera asumió sus reivindicaciones y adquirió “una serie de compromisos” para mejorar el mapa ferroviario andaluz.

Del mismo modo, desde Fomento enviaron un comunicado en el que aseguraban que Carazo “comparte” las sensibilidades de la plataforma, criticando que las últimas decisiones del Gobierno central en funciones “han perjudicado seriamente a las conexiones ferroviarias entre muchos municipios andaluces, a la calidad de vida de sus ciudadanos y a la vertebración de la comunidad”. Así, pidió un debate “serio y sereno” al Estado para “paliar muchas deficiencias y tomar decisiones de forma coordinada y planificada entre las administraciones.

En el caso concreto del corte de la línea convencional con Sevilla –que en la provincia malagueña tiene estaciones en El Chorro, Bobadilla y la capital– la consejera aseguró que el bloqueo para utilizar la nueva variante construida responde a “un problema jurídico, no político”.

Fomento reclama un debate “serio y sereno” al Gobierno central para mejorar el ferrocarril

“Desde el minuto uno trabajamos para que se restablezca el servicio, y ya dijimos que desde mayo se podría haber hecho, pero los cambios de criterio jurídico de Adif lo impidieron”, afirmó Carazo, que añadió que las negociaciones a nivel técnico y jurídico siguen para que Adif se haga con la titularidad del eje ferroviario transversal para dicha variante.

Hasta octubre, cuando se cumplió un año del corte del tramo ferroviario, fueron transbordados más de 6.000 trenes, según Renfe, que lleva ya un millón de euros gastados en estos traslados. El representante de la CGT criticó que esta y otras deficiencias del servicio de trenes –como las continuas averías– “expulsa a la gente del ferrocarril”, un medio de transporte que “contribuye que la Andalucía rural no se despueble y se quede vacía, además de ser el más respetuoso con el medio ambiente”.

Así, Montenegro trasladó su temor a que Adif no tenga intención de retomar el tráfico habitual de esta línea. “Ese es el miedo que tenemos, que el objetivo final sea hacerla desaparecer y dejar a todos los pueblos sin conexión directa por tren con Málaga, Sevilla y Granada”, dijo.