Las voces de dirigentes del PP para que se tomen decisiones contra los implicados en el caso Gürtel siguen creciendo en el seno del partido, y así, hasta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha mostrado convencida de que habrá medidas contra los instigadores y protagonistas de la trama.

La regidora valenciana, de quien hace meses se dijo que podría haber recibido regalos de la red corrupta, lo que ella desmintió, ha destacado que dicha trama la integraban "unos absolutos indeseables" con los que no ha tenido contacto alguno y de quienes, ha insistido, no ha recibido dádivas ni obsequios.

Otro dirigente de la comunidad autónoma, como el responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha afirmado que la puesta al descubierto de la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, aparte de ser "un problema" puede constituir "una oportunidad" para "luchar contra la corrupción" y "eliminar" lo que pueda estar "intoxicado".

En la misma línea se ha manifestado la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, para quien su partido ha de ser "implacable", como debe serlo también la Justicia, y mostrarse "contundente" y "ejemplarizante" con "todas aquellas personas que hayan actuado de manera ilegal".

Y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, uno de los barones territoriales más relevantes del PP por el tiempo que lleva en el cargo, ha aconsejado a su homólogo valenciano que analice la situación y adopte las medidas convenientes, y siempre con el objetivo de apartar de la organización a "aquel que cometa un delito". "Que intente -Camps- ser lo más justo posible de acuerdo con el conocimiento que tenga, porque en estas cosas uno no puede tocar de oído; uno tiene que tener los datos concretos y tomar decisiones por muy duras que sean", ha declarado.

En la Comunidad Valenciana esas decisiones no se han producido de momento, pero sí en Madrid, donde la presidenta, Esperanza Aguirre, pidió a los tres diputados autonómicos -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch- que renunciaran a sus escaños, lo que han declinado, de tal forma que han sido expulsados del grupo popular y consecuentemente dados de alta en un nuevo grupo mixto.

Las declaraciones de los dirigentes del PP y la iniciativa emprendida por Aguirre se suman a la petición que la dirección nacional lanzó la semana pasada a Camps: desde la plena confianza y el total respaldo, ha de tomar decisiones que contribuyan a esclarecer la situación, y ha de hacerlo pronto, a ser posible antes de la Convención de Barcelona que celebrará el PP a mediados de noviembre. La dirección nacional de los populares está segura de que Camps actuará en consecuencia. Sin embargo, el Consell valenciano, por medio de su portavoz, Paula Sánchez de León, ha subrayado que no hay ninguna medida que tomar.

Con todo, algunos dirigentes o cargos públicos del PP prefieren ser más prudentes, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha expresado su confianza en las medidas que emprenda la dirección de su partido. O el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha afirmado que le preocupa más el precio de la leche en su comunidad que las consecuencias del caso.

El PSOE, en cambio, mantiene su presión. El ministro de Fomento y vicesecretario de la formación, José Blanco, ha exigido "explicaciones convincentes" al líder del PP, Mariano Rajoy, como quiera que algunos de los hechos reflejados en el sumario ocurrieron "en los alrededores de su despacho".

Jorge Alarte, líder de los socialistas valencianos, ha pedido a Camps que este viernes, con ocasión del Día de la Comunidad, anuncie su dimisión, en tanto que el PSOE en Castilla-La Mancha ha solicitado a María Dolores de Cospedal que aclare hasta dónde alcanza su posible vinculación con la trama.