El director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha defendido ante la comisión de secretos oficiales la legalidad de las actuaciones de los servicios de inteligencia que no salen de "caza", ni utilizan "atajos", ni espían a políticos, explicaciones que ha dejado satisfechos a los portavoces parlamentarios. Algo más de dos horas ha durado la comparecencia en el Congreso a puerta cerrada de Sanz Roldán, quien se ha apoyado en su presentación inicial con material audiovisual para demostrar que todas las actividades que realiza el centro se ajustan a la ley.

Según fuentes parlamentarias, el responsable del CNI ha afirmado que todas las comunicaciones que interceptan los servicios secretos españoles en España -unos mil pinchazos al año- se hacen con autorización judicial y debidamente motivadas. Ha garantizado "al 99,9 por ciento" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha sido espiado, y ha informado de que, al menos desde el mes de junio, no funciona ningún sistema de escuchas en la embajada de EEUU en Madrid. No ha aclarado, eso sí, si funcionó algún sistema de interceptación con anterioridad.

No obstante, Sanz Roldán ha recomendado al presidente del Congreso, Jesús Posada, presente en la reunión, que instale en la Cámara Baja un sistema "antiescuchas", pese a que no tiene indicios de que se produzcan pinchazos en sede parlamentaria. En cualquier caso, ha rechazado que el CNI haya proporcionado a la Agencia de Seguridad Nacional de EUUU (NSA) datos relevantes al margen de los acuerdos bilaterales sobre terrorismo, crimen organizado, ciberespionaje o inmigración ilegal. Toda la información que le ha trasladado ha sido recabada además en zonas en conflicto, como Afganistán o el Sahel, según fuentes del CNI.

Preguntado si la NSA ha podido operar ilegalmente en España, el director del CNI ha reconocido que los servicios secretos estadounidenses se rigen por sus propias leyes, en concreto la Patriot Act sobre lucha contra el terrorismo, y no por las normas de los países donde están desplegados. En este sentido, ha reconocido que España ha expulsado a nueve agentes -sin especificar fecha o país de origen- por actividades ilegales.

Además, según las fuentes consultadas, ha informado de que todos los agentes del CNI que trabajan en un país aliado lo hacen con el conocimiento del país anfitrión, cosa que no puede decir de algunos de los agentes extranjeros que operan en España.

Al finalizar la reunión, los portavoces del PP, Alfonso Alonso; PSOE, Soraya Rodríguez; IU, Cayo Lara, y UPyD, Rosa Díez, han expresado en líneas generales su tranquilidad y satisfacción por el desarrollo de la comisión y las explicaciones dadas por el responsable del CNI. Soraya Rodríguez ha asegurado que ha dado "garantías de respeto" a los derechos de los ciudadanos españoles en el territorio nacional, aunque ha dicho que ahora le toca al Gobierno seguir exigiendo explicaciones a los servicios secretos de EEUU. El Ejecutivo, que ya pidió al embajador, James Costos, aclaraciones sobre lo publicado sobre un supuesto espionaje masivo a ciudadanos europeos y líderes políticos, aún no ha obtenido respuesta y espera a las explicaciones para adoptar las decisiones oportunas.

Cayo Lara, quien ha destacado que ha recibido respuesta a las quince preguntas que ha formulado, ha reconocido que hay que estar más inquieto con las actividades de los servicios secretos estadounidenses que con los españoles. Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que la comparecencia del director del CNI ha sido muy "esclarecedora" y "positiva" y que le ha tranquilizado.

Por contra, el diputado de Amaiur, que no estaba presente en la reunión, ha exigido la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que aclare si hay agentes del CNI en el Congreso espiando a diputados. Además del representante de ERC, vetado en esa comisión por decisión de la mayoría del Congreso que no lo considera idóneo, ha faltado a la cita el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, por compromisos ineludibles, según fuentes de su formación.

La llamada comisión de secretos oficiales, oficialmente denominada Comisión de Gastos Reservados, está presidida por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y está formada por los portavoces parlamentarios. Se reúne a puerta cerrada, sin taquígrafos o grabaciones, aunque los portavoces pueden tomar notas sobre de lo que allí se informa.