La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió ayer la notificación del Tribunal Constitucional (TC) que le advierte de posibles responsabilidades penales si se aplica la hoja de ruta independentista, ante lo que afirmó que los "conflictos políticos" deben resolverse con diálogo.

Forcadell indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que había recibido la notificación del Constitucional que recoge la suspensión de las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente del Parlament, aprobadas a finales de julio.

El pasado día 2 de agosto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern recibieron personalmente una notificación del Alto Tribunal para que paralizasen cualquier iniciativa que ignorase la suspensión de la hoja de ruta soberanista, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades penales si no lo hacen.

Un día después, el 3 de agosto, varios miembros de la Mesa del Parlament recibieron también una notificación del Constitucional, en la que se recogía la suspensión de las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente de la cámara catalana.

En dicho documento se insta a los miembros de la Mesa a paralizar cualquier iniciativa relacionada con el despliegue del proceso constituyente y de la hoja de ruta independentista, y se advierte de eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento.

La notificación dirigida a los miembros del máximo órgano del Parlament no es exactamente la misma que la que recibieron el presidente catalán y los consellers, ya que insta a los representantes de la Mesa a elaborar en el plazo de 20 días hábiles un informe sobre si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de las conclusiones de dicha comisión "han contravenido" las instrucciones previas del Constitucional.

Sin embargo, debido al periodo estival, no todos los miembros de la Mesa recibieron la notificación del Alto Tribunal, entre los que se incluye la presidenta de la cámara catalana, de manera que a partir de hoy dispondrá de esos 20 días hábiles para elaborar el informe requerido.

"Recibida notificación", escribió ayer la presidenta de la cámara catalana en su cuenta de Twitter, a lo que agregó: "Reitero que en los estados democráticos los conflictos políticos se resuelven políticamente con diálogo y acuerdos y no en el TC".

Quien también recibió ayer la notificación del Alto Tribunal fue el diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet, que lo comunicó asimismo vía Twitter: "Acabo de recibir este requerimiento del Tribunal Constitucional", dijo el diputado, que adjuntó dos fotografías con el texto de la notificación.

El secretario general del Parlament, Pere Sol, y otra miembro de la Mesa, Anna Simó (ERC), también recibieron ayer la notificación. Los cuatro la obtuvieron de la mano de dos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que llegaron al Parlament sobre las 13:00. Les recibió una ujier de la Cámara y se desplazaron a la Sala 9, cercana al Salón de Plenos en el que tuvo lugar la polémica votación: en el interior les esperaban Forcadell, Simó, Nuet y Sol.

Ahora, los miembros de la Mesa y el secretario general del Parlament deberán redactar sus alegaciones a título individual antes de que finalice el periodo de 20 días: normalmente el mes de agosto se declara inhábil para este tipo de trámites, pero el TC lo ha habilitado especialmente para evitar que el proceso se dilate en el tiempo y poder así tomar una decisión antes de finalizar septiembre.

Las reacciones a este asunto no se hicieron esperar. El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, publicó un tuit de apoyo a Forcadell. "Carme, estamos a tu lado y al lado de la democracia", escribió. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también lanzó un mensaje en Twitter: "Todo el apoyo a la Mesa del Parlament. A Carme Forcadell, Anna Simó y Joan Josep Nuet, y totalmente de acuerdo con que hace falta más diálogo y menos TC". La diputada de ERC en el Congreso Ester Capella y el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, también la apoyaron: "Ha cumplido con la democracia y seguro que seguirá cumpliendo con sus obligaciones respecto al pueblo de Catalunya y el mandato democrático", defendieron, tras lo que la animaron a ampararse en una futura legislación catalana y no en la española.