El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido la tramitación de la causa abierta al presidente catalán, Quim Torra, por negarse a retirar una pancarta de apoyo a los políticos presos, a la espera de resolver la recusación que éste ha planteado contra los magistrados del caso.

En una providencia, la sala civil y penal del TSJC acuerda abrir una pieza para resolver el incidente de recusación planteado por Torra contra los tres magistrados que acordaron investigarlo por desoír la orden de retirar los lazos, así como el que fue designado instructor de la causa. 

El TSJC ha abierto una segunda investigación al presidente de la Generalitat -condenado a año y medio de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período electoral-, en este caso por desoír una orden del alto tribunal catalán que le emplazaba a descolgar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos, de forma permanente. 

Mientras se resuelve el incidente de recusación, el TSJC ha suspendido la tramitación de la causa contra Torra y ordena a los tres magistrados abstenerse de continuar conociendo de la misma. 

Tres jueces señalados

El incidente de recusación planteado por Torra se dirige contra los tres jueces que decidieron abrirle la nueva investigación por los lazos: el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los jueces Mercedes Armas y Carlos Ramos, designado instructor de la causa. 

En el caso de Barrientos y Armas, argumenta Quim Torra que ambos deben ser apartados puesto que formaban parte de la sala del TSJC que lo condenó a año y medio de inhabilitación, en el otro procedimiento que se le abrió por desobediencia a la orden de la Junta Electoral de no retirar los lazos. 

En el caso de Ramos, el presidente catalán plantea su recusación por su "estrecha vinculación" al PSC, dado que el magistrado fue elegido entre una terna propuesta por el Parlament, en su caso por el grupo socialista. 

La Sala Civil y Penal del TSJC abrió la segunda investigación el 3 de febrero al admitir a trámite el testimonio contra Torra remitido por la Sección Quinta de la Sala Contenciosa, que le exigió en septiembre la retirada cautelar de la pancarta por los presos a raíz de un recurso presentado por Impulso Ciudadano, que invocaba el deber de objetividad de las instituciones recogido por la Constitución.