La detención de Koldo García, hombre fuerte de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, ha causado un importante terremoto político. El PP pide a Ábalos que dimita (ahora solo es diputado) y cree que Sánchez le destituyó porque conocía la trama de corrupción en la compra de mascarillas. El resto de los partidos pide explicaciones, e incluso ERC, socio del Gobierno de coalición, se abre a una comisión de investigación en el Congreso.

Así, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este jueves Ábalos entregue su acta de diputado y ha dado por hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cesó porque supo que existía "una trama de corrupción con sede" en su Ministerio y por la que, ha apuntado, ha sido detenido su ex asesor Koldo García.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gamarra ha recalcado que este asunto "afecta directamente" a Sánchez. "Cada día está más claro que empezamos a conocer las verdaderas razones por las que cesó como ministro a Ábalos. Era por la trama de corrupción que tenía su sede en el propio Ministerio de Fomento y por tanto dentro del Gobierno de Pedro Sánchez", ha sentenciado la dirigente 'popular'.

Esta acusación fue negada este miércoles por Sánchez durante su visita a Marruecos.

Dentro del PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que Sánchez dé explicaciones sobre la presunta "trama de mordidas" y le ha reprochado que señalase a "todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones (en referencia a las acusaciones contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso) y que quedaron en nada". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido al presidente que "dé la cara". "Todo lo que está saliendo y todo lo que queda por salir, a cualquier gobierno honrado le haría caer al instante, pero este Gobierno va de limpio, de 'koldo' y paja", afirmó, y censuró que Sánchez "se haya escondido en Rabat" tras esta "trama escandalosa".

Desde Mallorca, una de las administraciones afectadas, el PP ha exigido también que la ex presidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, dé explicaciones sobre la compra en 2020 de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa ligada a Koldo García. Baleares, en concreto, compró material con un sobrecoste de 2,6 millones de euros. Ahora, el Servicio de Salud de la Comunidad anuncia una auditoría e inicia los trámites para reclamar esos 2,6 millones, ya que, afirma, recibió mascarillas quirúrgicas cuando había contratado FPP2.

Un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares asegura que la sociedad contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia de covid-19, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los populares también han pedido explicaciones en Canarias, donde la compra ascendió a 12 millones de euros a través de tres encargos. El primero, por importe de 6,87 millones de euros (que luego se redujeron a 2,09 millones por la inferior calidad del material servido), en abril de 2020; el segundo, por 4,77 millones, en el mismo mes; y el tercero, por 5 millones de euros, en mayo, a los que se suma un pago de 417.814 euros en concepto de fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

También hubo contratos en Aragón, pero al cierre de esta edición el Gobierno regional no había especificado la cantidad.

Por su parte, Vox ha presentado una batería de propuestas en el Congreso, entre otras la comparecencia del ministro de Transportes para conocer si Koldo García manejó fondos públicos y ha pedido copia de todos los expedientes de los contratos públicos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, además de una serie de preguntas parlamentarias.

En partidos cercanos al Gobierno también se han escuchado voces muy críticas.  La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tildado de "gravísimo" el caso y ha señalado que mantiene comunicación fluida con el PSOE sobre el escándalo.  "Lo que estamos conociendo es gravísimo. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos, pero lo que estamos conociendo es muy grave. Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo", ha enfatizado.

Previamente, el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, había afirmado que no tienen por qué dudar del PSOE pero Sumar quiere que se den todas las explicaciones pertinentes.

Los socialistas, a través de su secretario de Organización, Santos Cerdán, ha remarcado este jueves que desde el PSOE no tenían "ninguna sospecha" sobre la actividad presuntamente irregular de Koldo García.

"Estamos sorprendidos por la noticia", ha afirmado Cerdán ante los periodistas a su llegada al Congreso, incidiendo en que desde el PSOE van a dejar trabajar a la Justicia para poder "enterarse de todo". "Esta dirección siempre actúa con la corrupción cortando por lo sano", ha enfatizado.

Fuentes de la dirección del partido aseguran que Koldo García no es militante del PSOE a día de hoy, pero no confirman si se ha dado de baja y en qué momento lo hizo, al señalar que se trataría de datos personales y por tanto lo impide la Ley de Protección de Datos.

Desde ERC,  su portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, ha pedido explicaciones al PSOE y Ábalos, y hasta se ha abierto a estudiar una comisión parlamentaria de investigación sobre el tema porque considera que "es un caso gravísimo, incluso inhumano", dado que la trama operó en plena pandemia.

El origen del caso se remonta a marzo de 2022, cuando el PP nacional denunció ante la Fiscalía doce contratos de emergencia por importe de 326 millones de euros adjudicados por el Gobierno a siete empresas, entre ellas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, la firma de Koldo García, que, según apuntaron entonces los populares, pasó "de beneficios de cero euros pasó a 53 de millones".