DOS años han tardado el PSOE y el PP en ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Media legislatura de incumplimiento del mandato asignado constitucionalmente a las Cortes Generales es demasiado tiempo como para pasarlo por alto; sobre todo por el deterioro institucional que ha provocado.

La legislatura de la crispación, que pasó a mejor vida tras comprobar el PP en las urnas que su política de tierra quemada no eran formas, tuvo en el bloqueo de la renovación del CGPJ una de sus tristes señas de identidad.

Ante un Gobierno que acometía solito unas reformas de las autonomías que afectaban a los cimientos del Estado y que entraba a negociar con ETA, los populares optaron por cerrarse en banda y utilizar al CGPJ, donde mantenían una mayoría absoluta de vocales que se correspondía al rédito de las elecciones generales que ganó José María Aznar en 2000, como arma arrojadiza contra el Ejecutivo socialista. Para ello, retrasó el acuerdo de renovación bajo la excusa reformista de que era necesario un sistema de elección que garantizara la independencia y la profesionalidad de los vocales, otorgando más poder a las asociaciones de jueces, mayoritariamente conservadoras.

Ante la cerrazón de los populares, destacados miembros del Gobierno y el PSOE se lamentaban de que la figura del preparador en la carrera judicial determinaba la ascendencia conservadora de la mayoría de los nuevos jueces, y señalaban como una prioridad para la presente legislatura darle la vuelta a la tortilla.

Al final, los populares no han podido mantener por más tiempo el bloqueo del CGPJ -desde el punto de vista constitucional era insostenible, y su responsabilidad era manifiesta-, y los socialistas parecen satisfechos sólo con darle el punto a la tortilla.

El resultado de la renovación -nueve vocales para el PSOE y el mismo número para el PP- tiene la lógica política de los Parlamentos sin mayorías: deciden los nacionalistas moderados; es decir, CiU y PNV, con un vocal cada uno, tendrán la llave de la nueva mayoría del CGPJ.

En cuanto al perfil de los elegidos por unos y otros, decir que CiU y el PNV no se han andado con disimulos y han elegido directamente a dos destacados militantes: Ramón Camp y Margarita Uría. El PSOE ha optado por entregarse a la afín asociación Jueces por la Democracia y por recuperar a Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior. Y el PP ha premiado a la APM y a Gemma Gallego, instructora del llamado caso del ácido bórico.