El juzgado suspende la declaración del alcalde de Estepona por el caso de presunto tráfico de influencias

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona plaza número 4 ha suspendido la declaración prevista para el próximo viernes, 30 de enero, del alcalde de Estepona, José María García Urbano, por el caso en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la concesión de una licencia de restauración en un edificio municipal a una empresa vinculada a la pareja del hijo del regidor, según una providencia a la que ha tenido acceso este diario.

El Juzgado aplaza así la citación prevista para un total de seis investigados del caso que estaban llamados a declarar el próximo viernes, hasta que el Ministerio Fiscal aporte un CD con información entregado por la UDEF. Entre ellos se encuentran el regidor, la presidenta de la mesa, el secretario municipal, el interventor del Ayuntamiento y dos técnicos municipales.

El caso se encuentra actualmente en fase de instrucción, es decir, que se están practicando diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal en julio del pasado año, como consecuencia de una investigación iniciada por el Grupo I de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial (UDEF-UDEV) tras el concurso público convocado en 2023.

El pasado viernes, 23 de enero, comenzaron las declaraciones de cuatro testigos del caso, que respondieron en sede judicial a las preguntas efectuadas por la Fiscalía, las acusaciones populares y las defensas. Tras ello, el Juzgado ha suspendido la citación de los investigados para el próximo viernes, en base a la solicitud de las defensas que acudieron a las testificales, según la providencia a la que ha tenido acceso este diario.

Así, el Juzgado hará un nuevo señalamiento para que los investigados acudan a declarar, una vez que “el Ministerio Fiscal aporte a las actuaciones el CD que el informe elaborado por la UDEF-UDEV de la Policía Nacional dice que adjuntaba”, señala el documento.

La investigación se sigue por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la autorización de apertura de un negocio de restauración, en la que supuestamente se habrían omitido los requisitos exigidos por la normativa vigente, según la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga.

La concesión del espacio municipal recayó en una empresa cuya “socia única y administradora era la pareja del hijo del alcalde”, según la denuncia. En concreto, las pesquisas se centraron en la concesión de las plantas décima, undécima y duodécima de la torre del Mirador.

La Fiscalía subraya que la investigación se llevó a cabo como consecuencia de la “alarma social generada ante la sospecha de que se adjudicaba a personas vinculadas con el alcalde de dicha localidad y precisamente por dicha vinculación”. Al procedimiento concurrieron únicamente dos sociedades y finalmente resultó adjudicataria la empresa relacionada con familiares del regidor.

El Ayuntamiento defiende que no ha habido “ninguna ilegalidad"

Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona ha defendido que “no ha existido ninguna ilegalidad ni ningún delito por parte del alcalde, ni del interventor, ni del secretario, ni de los técnicos municipales que llevaron a cabo la licitación y posterior adjudicación pública”.

De este modo, ha subrayado que “han sido funcionarios públicos, no cargos políticos, los que han participado y velado en todo momento por esa legalidad en todo el procedimiento”, destacando que “hay tranquilidad absoluta por parte del alcalde, de la Corporación y de los funcionarios municipales”.