La Audiencia Provincial confirmó el año pasado un 77 por ciento de las sentencias dictadas por los jueces de lo penal de Málaga. O dicho de otra forma, revocó dos de cada diez fallos emitidos por estos juzgados (un 21,3 por ciento) y apenas anuló un 1,6 por ciento de los procedimientos. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, periodo analizado, las cuatro salas dedicadas a los asuntos penales resolvieron 2.179 recursos, con 1.676 sentencias confirmando el fallo recurrido y 466 revocándolo. También emitieron 2.212 autos.

La árida estadística judicial sobre sentencias confirmadas y revocadas se ve claramente con un ejemplo muy mediático. Los casos por delito urbanístico en Marbella se enjuician en juzgados de lo penal y se recurren en apelación ante la Audiencia. Los dos primeros fallos, con sendas condenas de seis meses y un año de prisión para Julián Muñoz y otros ex ediles del GIL, fueron ratificadas después por la Sección Segunda. Sin embargo, la tercera sentencia, absolutoria, fue revocada luego por la misma sala, que estimó parcialmente los recursos presentados y dictó la tercera pena de prisión firme para el ex alcalde de Marbella. Esto ocurrió en abril del año pasado.

Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los tribunales penales son corregidos menos que los civiles. En este caso, las salas de la Audiencia Provincial estimaron un 28,6 por ciento de los recursos presentados contra decisiones de los juzgados de primera instancia, es decir, casi tres de cada diez sentencias fueron retocadas. En total, de los 1.653 fallos dictados por las salas civiles en este periodo, se rechazaron 1.154 recursos (un 69,8) y se estimaron 473.

El porcentaje varía notablemente al analizar los autos dictados por estos tribunales sobre resoluciones dictadas en primera instancia. Entre enero y septiembre de 2007, las salas civiles emitieron 551 autos, 274 estimando un recurso y 271 desechándolo.

Fuentes judiciales precisaron que en la jurisdicción civil, los recursos atendidos se centran sobre todo en revocaciones parciales que no afectan a los hechos probados en una sentencia. Por ejemplo, si se trata de un accidente de tráfico, se puede reclamar a una instancia superior que varíe la cantidad económica establecida como indemnización.

Otras fuentes extendieron esta situación a la vía penal. "Se recurre para que, por ejemplo, se estime un atenuante, no se pide la modificación íntegra de la sentencia", dijeron. En opinión de las fuentes consultadas, el hecho de que un tribunal modifique un fallo "no significa que haya habido una mala apreciación del Derecho" por parte de un juez, sino que "se trata de una visión diferente", sobre todo porque en un tribunal hay tres magistrados.

En la jurisdicción social, la sala del TSJA también enmendó dos de cada diez sentencias dictadas por los juzgados. De los 2.115 recursos contestados entre enero y septiembre, fueron estimados 436. Un dato que denota el atasco de la vía Contencioso-Administrativa es que en este periodo se presentaron 2.164 recursos y se resolvieron 848, es decir, entraron muchos más de los que salieron. La inmensa mayoría, un 94,6 por ciento, se desestimaron.