El número de niñas expulsadas durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ha aumentado un 22% en la capital malagueña. Además, se ha incrementado un 17% el de las agresiones físicas como motivo para obligar a un estudiante a abandonar el centro, según datos de la Asociación Cívica para la Prevención, que ha atendido este curso a 109 menores en estas circunstancias.

Así lo han precisado el edil de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, y el representante de la Asociación Cívica para la Prevención, Rafael Arredondo, que han presentado en una rueda de prensa los resultados del denominado Proyecto alternativo para menores expulsados de los centros escolares.

De estos 109 menores que han sido atendidos por esta asociación en centros cedidos por el Ayuntamiento, el 91% ha asegurado que "han aprendido algo" con la atención recibida, el 92% ha admitido que deben hacer cambios consigo mismos y en su entorno familiar y de amistades, mientras que el 70% ha valorado que "si no han aprendido nada es por su actitud", ha detallado Jiménez.

El edil también ha resaltado que la mayoría de los expulsados, el 76%, continúan siendo varones, si bien las chicas han aumentado un 22% con respecto al curso anterior.

La mayoría de estos estudiantes tienen entre 13 y 15 años y son expulsados en el primer curso de la ESO, además de que provienen de familias normalizadas, que no precisan de ayudas sociales.

Jiménez también ha explicado que se ha trabajado en los hábitos de estos menores, de los que un 34% consume diariamente bebidas energéticas; un 20% fuma cachimba y el 50% forma parte de una familia con padres separados.

El concejal ha destacado que el Ayuntamiento colabora en esta atención porque tienen constancia de que la falta de educación influye en el futuro de las familias. "Estos fracasados escolares se convertirán en excluidos sociales", ha señalado al respecto. Asimismo, ha criticado que este apoyo a los expulsados es competencia de la Junta de Andalucía, que no publica el número de alumnos en esta situación.

Por su parte, Arredondo ha precisado que su asociación lleva a cabo el programa desde hace ocho años, tiempo en el que han atendido a más de 700 menores, que pasan una media de 14 días expulsados, principalmente por incumplir las reglas de conductas de los centros, seguido de las agresiones físicas a docentes, que se ha incrementado un 17% este curso.

Aunque el principal curso del que provienen los expulsados ha bajado a primero de la ESO la edad mayoritaria se ha mantenido en 13 años, lo que significa que se atiende a repetidores, ha razonado el presidente de la Asociación Cívica para la Prevención.