Movilidad

El Ayuntamiento de Málaga estudia catalogar los patinetes como vehículos para ordenar su irrupción

  • De prosperar, se facilitaría la labor de la Policía Local y se acotaría su acceso a ciertos puntos 

Grupo de patinetes de diferentes empresas de alquiler, en Muelle Uno. Grupo de patinetes de diferentes empresas de alquiler, en Muelle Uno.

Grupo de patinetes de diferentes empresas de alquiler, en Muelle Uno. / J. Albiñana

A falta de una ordenanza específica y de que la Dirección General de Tráfico (DGT) dictamine el modo de intervenir, el Ayuntamiento de Málaga pone sobre la mesa una herramienta mediante la que controlar el fenómeno de los patinetes eléctricos. La solución que es ya objeto de estudio pasa por aprobar un decreto por parte del área de Movilidad mediante el que estos dispositivos sean catalogados como vehículos.

La cuestión fue expuesta ayer en una reunión interna celebrada en la Casona del Parque en la que estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la Torre; los concejales de Movilidad, Elvira Maeso; Seguridad, Mario Cortés, y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles; y los directores de Movilidad, Isabel Gámez, y de Comercio, Eugenio Benítez. Un encuentro en el que quedó patente el quebradero de cabeza en el que se ha acabado convirtiendo el desembarco de siete empresas de alquiler de patinetes desde el pasado mes de noviembre.

Fuentes consultadas por este periódico apuntaron que la figura del decreto permitiría levantar buena parte de los escollos jurídicos con los que se están topando las diferentes áreas municipales a la hora de intervenir ante, por ejemplo, el aparcamiento irregular que hacen los usuarios en las aceras y los espacios peatonales. Comportamiento que está en la base de muchas de las quejas expresadas por vecinos y colectivos sociales.

De hecho, de ver la luz la propuesta, a priori, se allanaría el camino para que la Policía Local pueda intervenir de manera más contundente sobre los patinetes mal estacionados. Cabe recordar que las propias consultas a los servicios jurídicos municipales concluyeron la posibilidad de sancionar a las empresas arrendadoras pero no a proceder a la retirada de los mismos, al no ser considerados vehículos.

Asimismo, permitiría acotar en buena medida los espacios sobre los que podrían circular, conforme a lo dictaminado en la Ordenanza de Movilidad. A modo de ejemplo, podría ser de aplicación el control de acceso al Centro histórico, quedando prohibido el tránsito por el mismo, así como el estacionamiento salvo en aquellos puntos que esté señalizados. Cabe recordar que la línea de acción anunciada por Tráfico prevé que se les impida circular por las aceras.

Para sentar las bases de esta propuesta, los juristas de Movilidad toman como referencia la Ley de Tráfico y la instrucción emitida por la DGT. No obstante, el planteamiento requiere aún de que otros departamentos municipales también afectados, como la Policía Local y Gestrisam, como ente encargado de tramitar los expedientes sancionadores, emitan sus informes. En caso de ser favorables, el Ayuntamiento sí dispondría de una herramienta con la que controlar el fenómeno.

A la par, aunque a sabiendas de que se trata de un trabajo mucho más extenso en el tiempo, Movilidad va a avanzar en la modificación de la ordenanza municipal con el fin de actuar ante los patinetes. "Pero esa es una labor que puede requerir de al menos seis meses", expusieron fuentes consultadas. Un paso adelante que se topa con dos escollos: la proximidad de las elecciones municipales del 26 de mayo y la previsión de que, como ya se anunció en su día, la Dirección General de Tráfico emita un decreto buscando una regulación en el ámbito estatal.

Otra fuente, que estuvo presente en la reunión, destacó que en la misma se "evidenció de nuevo la falta de regulación" que hay en esta materia y el problema que se ha generado. El margen de maniobra municipal se demuestra limitado. Asimismo, aludió a que en el escenario actual se observa que, a la espera de los movimientos previstos, sólo queda la actuación de la Policía Local en la imposición de sanciones a las empresas.

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