La fortaleza de los grupos más conflictivos de Palma-Palmilla ha ido menguando tras cada golpe policial. En la memoria resuena la operación que en 2017 se saldó con 25 detenidos por varios tiroteos registrados entre enero y mayo de ese año. Los investigadores se incautaron de numerosas armas, entre ellas ocho catanas, 13 machetes, dos revólveres, espadas y bastones de estoques y un dispositivo de descarga eléctrica.

El entonces comisario jefe principal, Francisco López Canedo, convocó a los medios para advertir de que habría “tolerancia cero” y que la Policía Nacional daría una respuesta “contundente” a las “exhibiciones groseras” de armas por parte de clanes rivales vinculados al tráfico de drogas en la barriada.Aquella investigación condujo hasta la zona de Las Castañetas, donde fueron localizados varios fugitivos. “Recibieron a la Policía a tiros. Se nos disparó en nueve ocasiones. A las 4 de la madrugada se detuvo a seis personas”, detalló el que fuera el máximo representante de la Comisaría. Un fuerte dispositivo culminó con el arresto de varias personas que estaban en busca y captura. “Desde las 5 de la mañana se cerró La Palmilla”, resaltó el mando policial.

Otros 51 vecinos fueron detenidos también por su relación con el narcotráfico. Hubo 28 registros domiciliarios. Entre los arrestados figuraban seis miembros que pertenecían a los clanes investigados. Unos días antes, la Policía actuó contra uno de los clanes que consideraba más activos en el menudeo de droga. La matriarca fue detenida.

Uno de los componentes de una de las familias más potentes de la barriada rememora los años 70 y, sobre todo, 80, cuando los vecinos, principalmente de La Palma y las 720 viviendas, vivían un auténtico “caos”. En 2008, el clima de tensión que ya se vivía en la barriada por la guerra abierta entre dos clanes por el control de las actividades delictivas en la zona, agravado tras una separación matrimonial, dejó una estampa insólita. Miembros de Los Romualdos, una de las familias implicadas en esta lucha de poder con Los Papafritas y entonces en el punto de mira de las Fuerzas de Seguridad, llegaron a pedir protección a la Policía al temer por sus vidas.

La solución para erradicar la violencia está, a juicio de residentes que se desmarcan de los ilícitos penales, en manos de la Junta de Andalucía, que debe “registrar viviendas y sacar a los conflictivos”. “Fuera de aquí no son nadie. No se les puede tener a todos en una misma zona ni permitir una población armada. Es una bomba de relojería”, asevera temeroso de que “a cualquiera se le cruce los cables”. Porque al final “lo que todos quieren es dinero”.