El Colegio de Procuradores de Málaga renueva su equipo de gobierno y buscará fórmulas frente a la "lentitud de la burocracia"

La función social como objetivo prioritario, además de la transparencia en la contabilidad, impulsar los lazos con el cliente, mejorar los canales de comunicación entre los colegiados, acercamiento a la ciudadanía a través de foros de información, buscar nuevas fórmulas para evitar la "lentitud de la burocracia" o encontrar vías alternativas para facilitar el ejercicio de la profesión son algunos de los proyectos que pondrá en marcha la nueva junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Málaga, que asegura ser "uno de los más importantes de España en número de colegiados", con casi 5.000 miembros.

Se trata, según el colectivo, de una "renovación drástica" que, en definitiva, pretende "actualizar todas y cada una de las funciones internas y externas".

Así lo han manifestado los recién elegidos decano y vicedecano de ese colegio, David Sarria e Ignacio Sánchez Díaz, respectivamente. Con una candidatura que "ha superado todas las expectativas en las últimas elecciones", el flamante equipo gestor del Colegio de Procuradores, completamente renovado, también ha querido configurar una "excelente lista de profesionales de amplísima experiencia", según Sánchez Díaz.

A ese equipo se han incorporado igualmente Emilio José Fernández Antón, María Josey Yoldi, Martín Guijarro, Antonio Herrera, Victoria Martín, Irene Molinero y Nieves López.

Por otra parte, hay que recordar que se cumplen dos meses desde que comenzó la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Primero, con paros parciales de tres horas; posteriormente, con días de huelga general, lo que ha provocado que en la provincia de Málaga los juicios suspendidos asciendan ya a 4.500. Así, Francisco Jurado, delegado de CCOO y miembro del comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia señaló que entre 12.000 y 15.000 demandas han quedado sin incoar.

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT -convocantes de la huelga- reclaman una mejora retributiva global de 200 millones de euros, lo que se traduce en una subida que va desde los 350 hasta los 400 euros mensuales por funcionario; o, lo que es lo mismo, un incremento del 13%. También exigen su participación en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa.