El punto de partida no era bueno y el coronavirus ha llegado para devolver protagonismo a la palabra pobreza. Las familias que habían sufrido los desastres de la anterior crisis económica y que intentaban reconducir su día a día con empleos, aunque precarios e inestables, suficientes para sobrevivir se han quedado sin nada. Han vuelto a la casilla de salida sobre un tablero más incierto si cabe.

El último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) destacaba que más del 38% de la población andaluza está en riesgo de exclusión social y que siete de cada diez tienen dificultades para llegar a fin de mes. Ahora instituciones y entidades del tercer sector se preparan para afrontar un mapa mucho más devastador tras el confinamiento.

“Estamos en una situación de atención urgente, tenemos unos niveles muy altos de petición de ayuda en necesidades básicas, en suministros de alimentos, en productos de primera necesidad, se ha vuelto al principio, a tener que pedir para comer, a lo esencial”, reconoce Yolanda Florido, coordinadora provincial de EAPN-A.

“Cuando todo vuelva a la normalidad las familias que atendemos ya no estarán en donde las dejamos, más o menos bien y con un empleo, la desigualdad será mucho más acuciante y la pobreza mucho más extrema”, agrega Florido.

Ante este panorama, ya se ha creado una mesa de acción social con el Ayuntamiento de Málaga y las entidades que trabajan con las personas vulnerables para intentar dar una respuesta más ágil y rápida a las familias. “Tenemos que afrontar de manera conjunta esta situación de emergencia de ahora mismo y la que vendrá después, con un desempleo creciente y graves problemas también de vivienda”, sostiene la responsable provincia de la red y vocal de la ONG Prodiversa.

Dificultades para comer y tener una vivienda digna

El estudio más reciente sobre pobreza de la red andaluza señalaba un crecimiento de más del doble de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Y dos de cada diez menores de 60 años viven en hogares con baja intensidad de empleo. Esta cifra está ocho puntos por encima de la que existía en el último año anterior a la crisis de 2008.

Un hombre duerme en las instalaciones del aeropuerto.

Antes de la crisis sanitaria, no poder permitirse una vivienda digna era una de las dificultades mayores de la población malagueña. Málaga fue la segunda provincia andaluza con mayor número de ejecuciones hipotecarias en 2018 y siguieron subiendo los lanzamientos por no poder pagar el alquiler.

Ese año se produjeron 1.697 en la provincia, cifra bastante superior a la de 2013. La subida de precios, tanto en compra como en alquiler, hicieron que las solicitudes de vivienda protegida en Málaga subieran un 84%. Y el indicador más preciso de la situación malagueña son las atenciones a personas sin hogar en la Agrupación de Desarrollo Puerta Única. En 2018 aumentaron un 12% con respecto al año anterior.

“En el último informe también subrayamos la pobreza en femenino, la desigualdad de género en el acceso a un empleo, en la brecha salarial”, indica Florido. Y también destaca los problemas educativos que están sufriendo en estos momentos las familias que menor acceso tienen a las nuevas tecnologías.

“Si apostamos por la educación como vía de transformación la desigualdad tiene que ser lo más leve posible”, subraya. Por tanto, es fundamental garantizar el acceso de estos escolares a los nuevos sistemas a distancia impuestos por el estado de alarma.

De vuelta a la cobertura de necesidades básicas

Los primeros años de la pasada década fueron especialmente complicados y ya parecían superados. La inactividad forzada ha provocado una regresión brusca e inesperada. “No había tanto volumen como ahora de cobertura de necesidades básicas, han tenido que recurrir de nuevo al reparto de alimentos y reconducir esto a nivel emocional es complicado”, afirma Florido.

“Las cifras de petición de ayuda son muy altas, ahora la realidad es todavía más espeluznante, han salido fuera del mercado laboral sin ERTE, sin nada, se les ha despedido sin garantizar sus derechos y la economía sumergida se ha quedado directamente sin posibilidades porque no pueden salir de casa”, añade.

Para la vocal de Prodiversa, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, “están proponiendo iniciativas interesantes como la renta básica de inserción y el ingreso mínimo vital, una ayuda económica que “garantiza la dignidad de las personas, prestaciones que aportan ese ingreso a todas las familias que lo necesiten en este momento”.

Y concluye que el tercer sector también está dando respuesta a sus usuarios y que esperan recuperar, cuanto antes, la presencialidad para poder estar al lado de las familias “para que superen esta situación lo antes posible”.