La Costa intensifica el control sobre la venta ambulante ilegal y la piratería

Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola o Marbella aumentan sus dispositivos. Los comerciantes piden también apercibir a los clientes.

Uno de los puestos ambulantes situados en Benalmádena, este domingo.
C. Clavijo · A. Recio Málaga

12 de abril 2016 - 01:00

Los ayuntamientos de varios municipios costeros han intensificado las actuaciones para combatir la venta ambulante ilegal y la piratería. Marbella constituye uno de los ejemplos. El Ayuntamiento está elaborando un plan específico que constará de varias fases. La primera de ellas, según el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, se centrará en labores de concienciación, a las que se sumará otra de intermediación y una tercera de seguimiento. Pero eso sí, las medidas sancionadoras se contemplarían sólo en caso de que dichas medidas no arrojaran los resultados esperados.

El también portavoz municipal mostró su preocupación por el episodio que el pasado domingo vivió Benalmádena. Cuatro agentes de la Policía Local resultaron heridos en el transcurso de una rutina de vigilancia y control de zonas de afluencia turística después de que un grupo de vendedores ambulantes se negara a identificarse. La intervención se saldó con la detención de tres personas.

Desde el Consistorio benalmadense explicaron que, con el fin de reforzar la persecución contra la venta ilegal en el municipio, se incluyó una nueva estrategia que pasa por requerir a las personas que presuntamente ejercen la venta ambulante ilegal su identificación y las facturas que acrediten la legalidad del género vendido. Javier Marín, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad de Benalmádena, aseguró que "los vendedores ilegales quieren que el Ayuntamiento haga la vista gorda y les dejemos vender durante unas horas, pero no podemos mirar para otro lado porque es ilegal". Subrayó que hay un dispositivo especial de la Policía Local, aunque su objetivo no es criminalizar a estos inmigrantes sino "hacerles ver que hay otros caminos y que trabajen en cosas legales". En este sentido, dijo que les han propuesto montar mercadillos con productos artesanales de Senegal -la inmensa mayoría de los manteros son de ese país- y que incluso les han facilitado espacios para ubicarse, "pero parece que ellos mismos no se lo creen o tienen miedo".

En Benalmádena tienen censados a unos 200 senegaleses, de los cuales la mitad tienen sus papeles en regla y el resto han entrado en el país de forma ilegal. Marín comentó que, al menos los legales, venden productos falsificados en los paseos marítimos de la localidad durante la temporada alta turística y que, en otras épocas del año, trabajan en la campaña del olivar o la vendimia. Otros, en cambio, vuelven a Senegal porque tienen allí sus familias y regresan cuando vienen los turistas.

El concejal de Benalmádena afirma que hay vigilancia a diario y que la mayoría de los inmigrantes tienen un buen comportamiento, "aunque en los últimos días en lugar de huir se hacen fuertes en grupos de ocho o diez personas porque van pocos policías". El proceso habitual es que los agentes les pidan la identificación, levanten acta, le requisen el material y sean trasladados a la comisaría de la Policía Nacional. En caso de estar en España de forma ilegal se tramita además esa situación.

El suceso del domingo tuvo lugar cuando, al parecer, un grupo formado por unos diez vendedores ambulantes que se encontraban en el entorno del Castillo de Bil-Bil se negaron a facilitar su documentación. Tras varias negativas, la policía intentó reducirles y tres de los agentes resultaron lesionados en las muñecas o las piernas precisando atención médica. Como respuesta, numerosos integrantes de la comunidad senegalesa iniciaron una concentración pacífica a las puertas de la jefatura de la Policía Local para protestar.

Benalmádena y Torremolinos han aunado esfuerzos para tratar de frenar este fenómeno junto a la Policía y los comerciantes, que critican la competencia desleal. "Cada año reivindicamos que esto se solucione porque estamos registrando pérdidas en las puertas de los negocios, sobre todo en la zona del paseo marítimo", explicaron desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB). A su juicio, la lucha no debe centrarse solo en "disuadir a los vendedores ambulantes" sino también en concienciar al comprador. No exigen, en este sentido, la imposición de multas, pero sí "apercibimientos", de forma que "se toque su sensibilidad". El colectivo se plantea también la edición de folletos para distribuirlos en los puntos en que la venta de productos falsificados ha proliferado. Juan Vallejo, presidente de la asociación de comerciantes de Torremolinos, va en la misma dirección. "Es un problema que nos incumbe a muchos, Torremolinos y Benalmádena van de la mano y en una reciente reunión nos dijeron que se iban a intensificar los controles de cara al verano y parece que ya está dando resultado", indicó. Vallejo criticó que los vendedores ilegales "venden en las puertas de nuestros comercios, no pagan impuestos, son productos ilegales y no fomentan la creación de empleo".

Fuengirola es otra localidad en la que proliferan estos vendedores. La historia es la misma. Están a la vista de todo el mundo y, cuando vislumbran a lo lejos a algún policía local o nacional, recogen los bártulos y salen corriendo, para regresar al mismo lugar a los pocos minutos. La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, apuntó ayer que el 11% de su plantilla, 15 policías, se dedican exclusivamente en verano a luchar contra la venta de material falsificado y la venta ambulante ilegal y advirtió de que la Policía Local le ha comunicado que los vendedores reaccionan cada vez con más agresividad en el momento de las intervenciones. "Todos tenemos que ser conscientes del daño que supone para los negocios de cualquier ciudad el comprar artículos de los puestos ambulantes ilegales, al mismo tiempo que se fomentan las mafias y el tráfico de personas con esta clase de negocios", destacó Mula.

En Fuengirola, en los últimos cinco años se han intervenido 41.000 películas y discos piratas, así como 68.000 bolsos, zapatillas, etcétera. En 2015 se tramitaron 160 diligencias policiales a los juzgados por estos delitos. En otros ayuntamientos, caso del de Rincón de la Victoria, afirman que se llevan planes rutinarios para acabar con la venta ambulante.

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