La incredulidad con la que los vecinos de Casares acogieron durante las primeras horas de la mañana la noticia de la intervención judicial en el Ayuntamiento dio paso al rechazo contra el equipo de gobierno, de IU, a medida que se sabían los detalles del proceso.

"Parece que hay algo, pero no sé nada", señaló uno de los vecinos más madrugadores, pocas horas después de que los primeros agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaran el registro, sobre las ocho de la mañana. "Si sabéis algo, nos lo decís", añadió su compañero. "Es lo primero que escucho. Me he sorprendido", comentó un lugareño que desayunaba en una plaza próxima al Consistorio. Por la mañana les costaba a los vecinos hacerse a la idea que la intervención era en su ayuntamiento.

En la puerta de la casa consistorial un cartel informaba a los ciudadanos de que el Consistorio iba a permanecer cerrado todo el día y les instaba a realizar los trámites administrativos en las dependencias de la Policía Local. "No sabía que estaba cerrado, y eso que vivo aquí. ¿Qué pasa hoy en el Ayuntamiento?", preguntó una mujer que quería pretendía solicitar un certificado.

El registro también cogió de sorpresa a los vecinos que llegaban al núcleo urbano de Casares procedentes de la zona costera o de El Secadero, donde las tenencias de alcaldía prestaron servicio con normalidad durante la mañana. "Me he enterado cuando he llegado, porque me lo han dicho unos amigos", señaló uno de ellos.

En el interior del Consistorio, los trabajadores municipales, algunos de los cuales abandonaron el edificio sobre el mediodía y otros a media tarde, se asomaban a las ventanas para comprobar la expectación que había generado la presencia de la policía en las dependencias municipales y se mostraban impertérritos ante las preguntas de los periodistas. "No sé nada. No puedo decir nada", alego un empleado que se asomó por la puerta del inmueble.

Sobre las tres de la tarde una empleada municipal primero y algunos agentes de la Policía Local después introdujeron en el Consistorio bolsas repletas de comida, refrescos y agua.

A medida que se conocían los pormenores de la intervención, el desconocimiento de la mañana se transformó en indignación contra el gobierno local y el ex alcalde Juan Sánchez, detenido junto a su esposa y un abogado de Estepona. "Esto es una dictadura, como en Cuba. Si eres de los suyos, tienes trabajo", profirió una vecina que vive a escasos metros del Ayuntamiento contra el equipo de gobierno. Al preguntarle por el ex regidor destacó que "hacía en el pueblo lo que le daba la gana". El regente de un bar próximo al Consistorio aseguró que "esto se veía venir desde hacía tiempo". "Aquí hay cuatro familias con derecho a comer y los demás no tenemos permiso. No sé cómo no han salido más casos como éste", añadió. El propietario del establecimiento aseguró que por dos mesas en la calle paga una tasa de 200 euros al año, mientras otros "tienen 20 y no pagan un duro".

Entre el descontento de la mayoría, se escucharon algunos argumentos a favor del ejecutivo local. Un camarero recordó que "con la cantidad de ayuntamientos podridos que hay en la Costa de Sol, la Policía viene a este, que funciona perfectamente".

Sobre las siete y media, los agentes dieron por finiquitado el registro. Algunos vecinos recogían con dispositivos móviles el momento en que los miembros de la Policía Judicial, algunos de paisano, introducían en un todoterreno unas cinco cajas con documentos. "Se lo tienen merecido", se escuchó entre el grupo.