Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al hombre de 70 años acusado de matar de 52 martillazos a su compañero de piso, de 77 años, tras una discusión por una deuda que oscilaba entre los 600 y 1.000 euros.

Los miembros del jurado han estimado el atenuante de arrepentimiento por ir a la comisaría a contar lo sucedido pero han considerado que no se presentó tanto por arrepentimiento como porque no tenía a donde ir, hipótesis que mantenía el fiscal y la acusación particular.

También han estimado por unanimidad que cometió el crimen con alevosía, ensañamiento y "frialdad porque lo dejó morir" y, después, intentó justificar los hechos incluso contando datos falsos de la víctima tanto de su vida privada como negando la gravedad de la enfermedad que padecía.

Los nueve miembros del jurado mantienen que "la víctima tuvo agonía de horas" y que lo dejó desangrándose para ocultar las pruebas que lo incriminaban.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal y la acusación particular han solicitado veintiún años de prisión para el acusado y que indemnice a cada una de sus hijas con 100.000 euros mientras que la defensa ha anunciado que recurrirá y ha pedido que la pena no sea superior a los 16 años.

El jurado mantiene que "la víctima tuvo agonía de horas" y que lo dejó desangrándose

El crimen fue cometido el 25 de febrero de 2019 después de que el acusado se dirigiera al domicilio de la víctima, con el que había estado residiendo hasta principio del citado mes, con el pretexto de reclamarle un dinero.

Una vez allí, se originó una discusión entre ambos y el acusado "con clara intención de poner fin a su vida" cogió un martillo y le golpeó en la cabeza.

La víctima cayó al suelo, donde continuó golpeándolo, y luego se marchó dejándolo en el suelo aún con vida. Falleció seis horas más tarde por un choque hemorrágico consecutivo a las graves lesiones y heridas cráneoencefálicas.

Sin posibilidad de defenderse

El jurado ha considerado probado que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse pues padecía una discapacidad del 65 por ciento por osteoartrosis degenerativa y monoparesia del miembro inferior, con problemas de movilidad.

El procesado durante el juicio reconoció el crimen pero aseguró que fue en defensa propia e insistió en que si no lo hubiese hecho habría muerto, aunque las acusaciones siempre han mantenido que él no sufrió ninguna herida.