UNO de cada tres malagueños en edad y disposición de trabajar se encuentra en el paro. Uno de cada tres malagueños con ganas de trabajar no puede hacerlo. Uno de cada tres malagueños que forman parte de la población activa, eso que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como "el conjunto de personas que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción", no logra incorporarse a la producción y sigue disponible. Disponible, ese estatus que cuando se prolonga demasiado en el tiempo suele identificarse con prescindible en la mente de los que lo sufren. Hay que repetir, no una, ni dos, ni tres veces, la cifra del paro en Málaga. 251.700 desempleados. 251.700 desempleados. 251.700 desempleados. Parece un dato increíble, propio de revueltas callejeras, huelgas, revoluciones, delincuencia disparada, un número y una proporción que dan todo el sentido a aquella noticia reciente de que el Gobierno ha multiplicado por diez el importe de lo presupuestado este año para gases lacrimógenos, en previsión de que ocurra algo, o todo, de lo anterior.

El drama del paro, incluso descontando la economía sumergida y el fraude, ha sobrepasado ya todos los niveles de alarma, y a su lado cualquier otro asunto de la actualidad malagueña, ya sean el nuevo cambio del gobierno de Francisco de la Torre, el escándalo de Art Natura o el frenesí inaugurador de chorradas de los delegados de la Junta parece una nimiedad.

Esto ya es Defcon 1, y el barco se hundirá si no empezamos a cortar las amarras y mástiles que tiran de él hacia el fondo del mar. Uno de los elementos que nos llevan al naufragio es precisamente el que debía mantenernos a flote. La multimillonaria política de cursos de formación, una sangría financiada por la UE y por las arcas públicas, ha servido para hacer rica a mucha gente, pero no para reducir el paro. Sindicatos y patronales se han repartido subvenciones como si esto fuera Jauja, sin la adecuada fiscalización y controles públicos que garantizaran su buen uso. Luego está nuestro bonito, pero insostenible, sistema de doble protección laboral, un corsé que impide las contrataciones. Ser indefinido empieza a parecer un privilegio, la pertenencia a una casta en extinción. Los empresarios simplemente ya no hacen ese tipo de contratos. Habrá que empezar a preguntarse, y a actuar en consecuencia, si un país como el nuestro, con nuestra insoportable tasa de paro, puede permitirse tener un sistema más proteccionista que el de la mayoría de economías de nuestro entorno, incluidas las que están muy por encima nuestro. Y ni mencionemos China o la India. Y no se trata desde luego de bajar aún más el salario mínimo, bastante miserable, sino de flexibilizar la contratación y adecuarla a las necesidades de las empresas. También de fomentar la movilidad laboral, ahora frenada por esa idea errónea de que desde el minuto en que se firma un contrato indefinido hay una bolsa de dinero que se va llenando con el tiempo: la de nuestra indemnización por despido. Es una zanahoria perversa que atrinchera a los trabajadores en sus puestos y penaliza la ambición, ese motor del desarrollo.

También hay que erradicar ese concepto de irse al paro voluntariamente. Sí, hay mucha gente que ha elegido irse a cobrar el paro. Puede que gran parte de lo anterior suene a neoliberalismo, a radicalismo, a recorte de derechos. Pero en un momento en que cada vez somos menos los que podemos disfrutar de esos derechos porque simplemente cada vez hay más gente en el paro, ha llegado la hora de los valientes, el tiempo de tirarse al mar y nadar porque este barco, tal y como ha estado pilotado, se va a pique. Y para sobrevivir todos tendremos que mojarnos.