Ni la administración, ni los representantes de padres ni los sindicatos se ponen de acuerdo en el inicio del curso escolar y las fechas de comienzo han bailado del 7 al 10 de septiembre para acabar de nuevo en el día 7. El pasado jueves la Consejería fijó el adelanto de una semana en el calendario después de no haber llegado al consenso con la Mesa Sectorial de Educación, en la que se propuso el día 10 como fecha intermedia. Sin embargo, ayer Manuel Chaves matizó la postura de la consejera y afirmó que Teresa Jiménez, "siempre tendrá abierta la puerta al diálogo y a la negociación" con los sindicatos.

Chaves dijo que, "pese a no haber sido posible este acuerdo y a que la Consejería haya vuelto a las posiciones iniciales de que el curso escolar comience el 7 de septiembre, la consejera me trasladó ayer que siempre estará dispuesta a la negociación".

Los sindicatos siguen manteniendo su postura y consideran que cinco días lectivos más "ni concilia ni repercute en la calidad educativa", comenta María Teresa Blanca, secretaria general de Enseñanza de UGT, para la que hay otros muchos puntos en los que se debería trabajar como la bajada de la ratio o asegurar que las plantillas estuviesen cubiertas en su momento. "Nosotros somos educadores y formadores, no cuidadores y no nos parece serio que todo recaiga sobre nuestras espaldas", añade Blanca. Los días de septiembre previos al inicio escolar son, según los sindicatos, para "planificar las clases, ver el horario y las programaciones y el profesorado tiene el mes de julio para reciclarse", comenta la secretaria general de Enseñanza del UGT. Esta formación determinará "acciones futuras" si no vuelven a negociar con la Junta.

La misma postura mantienen desde CSI-CSIF. Su presidenta, Ramoni Ruiz asegura que esta medida "no aporta nada de positivo, además del daño al derecho de los trabajadores". Si finalmente se aprueba el decreto "el comienzo del curso se va a liar y esto no soluciona el tema de calidad", sostiene Ruiz, para la que la Junta está demostrando una postura "intolerante e impositiva". Además, desde el sindicato se asegura que en Andalucía "no tenemos menos clases que en otras comunidades".

Los que sí apoyan la medida de la Consejería para ampliar de 175 a 180 los días lectivos, son los padres. Marisol Luque, presidenta de Fdapa, asegura que 175 días es el mínimo exigido por la LOE y un aumento "creemos que favorece a nuestros hijos". "La comunidad educativa tiene que velar por el enriquecimiento del alumnado y cualquier paso en ese sentido beneficia", subraya Marisol Luque, que sostiene que "para los niños no va a suponer ningún problema".

Desde Fdapa apoyaron desde su comienzo el borrador del decreto que también desarrolla otras propuestas para permitir la conciliación de la vida familiar y laboral, como una jornada partida.