La Diputación de Málaga no ha podido acreditar la existencia de conflicto de intereses en los contratos realizados por el Área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la institución, que dirige la diputada Marina Bravo, con la empresa donde trabaja su pareja y de la que es administrador único el hermano de este. En el decreto de resolución del expediente contradictorio, solicitado por el presidente de la institución, Elías Bendodo, en marzo pasado, se indica que, teniendo en cuenta la documentación y las diligencias practicadas "no ha quedado demostrado" que entre Bravo y el administrador de la empresa exista relación de parentesco de segundo grado por afinidad "al no mantener la diputada con el hermano de este una relación de convivencia efectiva análoga a la conyugal".

Se indica, de esta manera, que las limitaciones de la ley "no pueden aplicarse ni interpretarse de forma extensiva" ya que ha de referirse a "aquellas relaciones more uxorio -unión de hecho o convivencia- y no a la relación de íntima amistad sin convivencia manifestada" por la diputada.

En cualquier caso, según el documento, la selección de las distintas empresas para los contratos menores se realiza en reuniones "exclusivamente técnicas" sin que la diputada "haya participado en ninguna de ellas ni influido, directa o indirectamente en la decisión adoptada". "No puede acreditarse la existencia de conflicto de intereses que haya podido comprometer su imparcialidad e independencia en las contrataciones indicadas", se expone en el decreto de 13 de julio sobre la resolución del expediente contradictorio incoado el 19 de marzo pasado. Por ello, se resuelve el procedimiento contradictorio "determinando la no existencia de conflicto de intereses" por los contratos menores realizados desde el 22 de octubre de 2015 con la mercantil en la que trabaja la pareja de Marina Bravo. La cifra rondó los 190.000 euros.

El expediente se inició después del informe jurídico de la Secretaría General de la Diputación, previa petición del presidente, que no concluyó claramente si había o no conflicto de intereses pero sí consideraba que, aún tratándose de contratos menores, "debería haberse acudido a solicitar al menos dos ofertas o presupuestos más".

No obstante, indicaba que al ser contratos menores no se infringiría ninguna normativa al respecto pero sí sostenía que el administrador único de la empresa es "pariente en segundo grado de afinidad" puesto que, legalmente, la relación de convivencia afectiva es equiparable al cónyuge. En el proceso, se dio audiencia a Bravo, se tomó declaración al jefe de servicio de Medio Ambiente y se recabó el informe del servicio jurídico.