El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha impuesto el pago de una fianza de 100.000 euros a los cinco de los seis detenidos (20.000 por cada uno de ellos) el miércoles en la operación Morgan por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Ayuntamiento en relación a la presunta concesión irregular de una licencia para la construcción de una vivienda en el municipio. El sexto imputado, en cambio, tendrá la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante este juzgado, según explicaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De abonar dicha cantidad en el plazo de dos días (el plazo termina hoy) las personas imputadas podrán eludir el ingreso en prisión. De lo contrario, pasarán inmediatamente a prisión preventiva. Entre los acusados, que durante todo el día de ayer prestaron declaración, se encuentran el propietario de la vivienda construida en suelo no urbanizable y sobre la que pesa una orden de demolición; su hijo, el constructor del inmueble, un intermediario y un delineante del área de Urbanismo del Ayuntamiento. El sexto detenido (son seis los acusados y no siete tal y como se dio a conocer ayer) ha quedado en libertad aunque permanece imputado y se trata de un arquitecto, hijo del responsable municipal.

Hasta el momento no ha trascendido que la investigación afecte a ningún cargo político. Tanto los delitos de cohecho como de tráfico de influencias se refieren a una autoridad pública o funcionario que acepta o solicita un soborno a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.

La investigación, conocida como operación Morgan, se inició a principios de verano del año pasado a raíz de conversaciones telefónicas ordenadas por un juzgado de Marbella en el marco de otra instrucción judicial ajena a este proceso, según explicaron. Fue al detectar indicios de un presunto caso de cohecho cuando el juez de Marbella dictó un auto decretando la deducción de testimonio y remitiendo las actuaciones a los juzgados del municipio vecino de Estepona. En estos momentos la instrucción judicial trata de determinar las razones por las que el expediente de demolición de la vivienda ha permanecido paralizado.

Por su parte, desde el Consistorio ya manifestaron en anteriores declaraciones que llevan dos meses colaborando con la Policía en una investigación que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. En esta misma línea, precisaron que "una vez se diriman posibles responsabilidades, actuará con diligencia para garantizar la defensa del interés general, tal y como hizo en 2012 por un caso de desfase contable en el área de Hacienda, que concluyó con el despido de dos empleados municipales", manifestaron.