Pedir asilo es una verdadera odisea. En toda España. Si bien, el número de solicitudes, lejos de decrecer, ha experimentado durante los primeros cinco meses de este 2023 un incremento exponencial en Málaga con 4.318 solicitudes, 770 más que al cierre del último año. De esta manera, la provincia se sitúa como la primera andaluza con mayor número de peticiones para recibir protección internacional y la segunda a nivel estatal, solo por detrás de Madrid.
La mayoría de personas que solicitan protección internacional proceden de América Latina y de África. Por orden de países cuyos ciudadanos piden con mayor frecuenta el asilo se encuentran: Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos, Honduras, Nicaragua, Mali, Afganistán, El Salvador y Cuba.
A nivel europeo, en 2022 se registraron un total de 963.067 solicitudes de protección internacional, lo que supone un 53% más que en 2021. Además, se trata de la cifra más alta registrada desde 2016, ha apuntado Fani Barrabino, responsable del servicio jurídico en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la delegación de Andalucía Oriental durante la presentación del último informe elaborado por la ONG. En la cabeza de lista Alemania, Francia y España, que ocupa la tercera posición con 118.842 peticiones. En Andalucía se registraron 11.722 y en Málaga 3.418.
Durante el último año, también hubo un aumento en cuanto a las solicitudes de protección internacional de mujeres que huían por persecución de género. Así, a nivel estatal -según datos del Ministerio del Interior-, el 46% de las solicitudes de protección internacional correspondían a mujeres. En este punto, cabe destacar que el 49,7% de peticiones, formuladas tanto por mujeres como por hombres, tenía entre 18 y 34 años; mientras que el 18% eran menores de edad. "Nos parece significativo ese dato porque 1.585 ciudadanos de esos menores se encontraban sin referentes familiares", ha lamentado la responsable de CEAR.
En cuanto a la tasa de reconocimiento, es decir, el número de resoluciones favorables, España ha aumentado un 16,4%. Sin embargo se encuentra muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 38,5%. "Se trata del país a la cola en este aspecto, únicamente por delante de Malta y Chipre, pues se deniegan seis de cada diez solicitudes de protección internacional en nuestro país", ha denunciado.
Por su parte, Carmen Rueda, directora de CEAR en el Centro de Recepción, Atencia y Derivación (Creade) de Málaga, ha reiterado la necesidad de garantizar que este espacio, pueda transformarse en "ventanillas única del asilo" para que todas las personas solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia, pues este centro nació para atender a ciudadanos ucranianos ante la emergencia humanitaria como consecuencia de la invasión rusa.
Desde su apertura, el 6 de abril de 2022, Rueda ha señalado que casi 15.100 personas han sido atendidas en el Creade -que se trata de uno de los cuatro operativos a nivel nacional- de Málaga. De ellas, 11.800 han tramitado su solicitud de protección temporal en dicho centro. Además, ha asegurado que más de 1.300 personas han sido acogidas y derivadas a sus plazas dentro del sistema de acogida para solicitantes de protección internacional y temporal.
A pesar de este refuerzo del sistema de asilo, Barrabino ha expuesto "las dificultades de acceso al procedimiento de protección internacional que están ocurriendo en todo el territorio nacional, incluidas en Málaga", como consecuencia de "la escasez de citas telemáticas y la dificultad para obtenerlas", lo que está situando a las personas solicitantes de protección internacional "en un limbo jurídico y en una situación de desprotección".
Y es que la demora para formalizar esta petición es de unos 20 meses, ya que las citas en la Comisaría van por 2024. Pero es más. Un inmigrante que consiguiera a día de hoy una cita para el año que viene, según la legislación, debería esperar otros seis meses para disponer de autorización para trabajar. En resumen, tendría que sobrevivir más de dos años (unos 26 meses) con recursos propios, ayudas de familiares o amigos o con trabajos ilegales sin ningún derecho, a pesar de que, según la responsable de CEAR en Andalucía Oriental, "deberían poder solicitar protección internacional en el plazo máximo de un mes desde su llegada España".
Las consecuencias "ponen en riesgo el principio de no devolución y el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales". Además, Barrabino denuncia que "esto hace que aparezca un mercado secundario o informal de venta que citas que es inaceptable".
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