Con las filtraciones de olores de las salas de autopsias de la Ciudad de la Justicia aparentemente encarriladas, los aparcamientos se vislumbran ahora como el próximo caballo de batalla. A CCOO no le ha gustado la resolución de la junta de jueces en la que estos reivindican en exclusiva las 161 plazas de garaje que hay en el interior del edificio por motivos de seguridad. Por eso, el sindicato promueve una campaña de recogida de firmas para frenar a los magistrados y que los funcionarios puedan seguir disfrutando de este parking en igualdad de condiciones.

Esta iniciativa debe recibir el visto bueno de la junta de personal, órgano donde ostenta la mayoría el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), que también ha manifestado su preocupación por este asunto.

Ahora mismo, la solución provisional adoptada por la Delegación Provincial de Justicia para el día a día del aparcamiento subterráneo es la reserva de plaza sólo para el personal de los juzgados de guardia (jueces, funcionarios, fiscales o forenses). El resto de los huecos se ocupan por orden de llegada. Además, el próximo 11 de febrero se inaugurará un estacionamiento en superficie junto al edificio judicial que tiene capacidad para 900 vehículos.

CCOO, en su resolución, recoge que no se puede permitir el uso exclusivo del parking por parte de los magistrados "amparándose en la seguridad", cuestión que, a su juicio, afecta a todos los trabajadores, sobre todo "cuando se utiliza este argumento de manera general, vaga e imprecisa".

"Ante un caso concreto y demostrable de amenazas o indicios razonables de seguridad [...] se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y no sólo la de utilizar aparcamientos interiores, sino vigilancia de domicilio, escoltas o uso de vehículos blindados", argumenta el escrito.

Para el sindicato, la "insistencia" de los magistrados "demuestra una falta total de solidaridad con los demás colectivos, amén de una concepción clasista y jerárquica sobre los bienes públicos y el uso de estos". Lanza una dura pregunta: "¿No obedece más bien a su deseo de mantener el privilegio, único entre los empleados públicos, de no someterse a horario alguno y asistir a la oficina judicial cuando estimen oportuno?".

Por último, la resolución de CCOO recuerda que durante 20 años, cuando las sedes judiciales estaban en el Palacio Miramar y en Muelle Heredia, antes del traslado a Teatinos, "los aparcamientos, aún en contra de este colectivo, han sido compartidos entre todo el personal, sin que conste ningún problema de seguridad digno de mención".