La labor de los abogados y procuradores de oficio es clave para la justicia gratuita española, pues en la mayoría de los casos representan a aquellas personas que no tienen suficientes medios económicos para contratar uno de pago. La defensa de cualquier ciudadano inmerso en un procedimiento judicial es un derecho y así lo recoge la Constitución. Si bien, muchos profesionales consideran este trabajo "invisible, arduo, no remunerado, esclavizado, sin reconocimiento social, sin vacaciones, sin descanso semanal y sin derecho a cotización". 

Aunque llevan años avisando, los abogados y procuradores de oficio ya han dicho basta, arrancando este lunes una huelga indefinida. Sus principales reivindicaciones son: una retribución justa y desconexión digital que facilite la conciliación familiar. "No nos quedan más fuerzas ni tampoco se nos proporcionan medios para continuar hacia adelante, asesorando y pleiteando en estas condiciones por los más vulnerables, por los más desfavorecidos, por los que no tienen nada", ha manifestado una de las letradas coordinadora del paro en Málaga, Gracia Isabel García. 

En la provincia hay cerca de un millar de abogados de oficio que anualmente llevan unos 20 o 30 casos. Aunque consideran que la población más vulnerable también merece una buena defensa, García asegura que se ha convertido en "un servicio muy costoso" de asumir para los profesionales. "A mí me han designado para un recurso de apelación hace poco que me lo pagan a unos 120 euros. Para ello, he tenido que desplazarme tres veces al juzgado, fotocopiar los expedientes, reunirme dos veces con la persona, recabar toda la documentación necesaria y estudiar el asunto", ejemplifica. 

Destaca que no se trata solo de un costo económico, sino también físico. "Llega un momento que no das abasto con todo el trabajo que ello conlleva", manifiesta. "No nos quedan más fuerzas ni tampoco se nos proporcionan medios para continuar hacia delante, asesorando y pleiteando en estas condiciones por los más desfavorecidos, por los que no tienen nada".

El abogado en el turno de oficio que quiera secundar la huelga -convocada por el sindicato Venia y con unos servicios mínimos como son las asistencias a detenidos y a víctimas de violencia de género, entre otros- puede pedir la suspensión del procedimiento y serán los jueces los encargados de aceptarlo o no, ha explicado a este periódico Gracia García. En Málaga, según la coordinadora provincial, se han presentado unas seis o siete solicitudes, pendientes aún de respuesta pues lamenta que el Ministerio de Justicia "no ampara el derecho a huelga en nuestro caso a pesar de que se ha convocado legalmente a través del sindicato y que todo trabajador puede ejercitar este derecho". De no ser concedido, ha advertido: "Iremos al Tribunal Europeo porque tenemos todos los elementos para ser considerados trabajadores cuyos clientes no los designa el colegio". 

La vocación que se merma

A sus 60 años, Gracia confiesa que al principio se empieza en la profesión "con mucha ilusión". Pero, tras una vida dedicada a la abogacía, el panorama es distinto. "Nos encontramos que para la administración no somos nadie. Lo que hemos cotizado para la mutualidad no nos sirve para nuestra vejez, nos queda una pensión de 200, 300 o 400 euros", critica. Por ello, se pregunta: "¿Para qué tanto trabajo y sacrificio?".