Dos vecinos de Málaga han sido imputados por la Policía Local y la Guardia Civil acusados de abandono y malos tratos a sus caballos, uno de los cuales falleció recientemente tras una larga agonía provocada por una perforación en la zona abdominal. En ambos casos, los equinos presentaban heridas y estaban desnutridos y deshidratados. El cambio de normativa, que ya tipifica estos actos como delito, hace que los acusados se enfrenten a penas de cárcel.

La primera intervención, desarrollada por el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local, se produjo hace unas semanas en la capital. Un ciudadano alertó de las pésimas condiciones en las que se encontraba un caballo en la zona alta de La Corta. Los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que el animal estaba tumbado y no se podía incorporar.

Su propietario se personó en el lugar y, ante las preguntas de los policías, espetó que ellos no entendían al equino, mientras le propinaba varias patadas para que se levantase. El hombre fue acusado de un delito de abandono y maltrato de animales y se le retiró el caballo, que fue trasladado a una asociación que le prestó atención veterinaria y lo cuidó durante un tiempo.

No obstante, las heridas que presentaba le habían provocado una infección que finalmente acabó con su vida hace unos días, por lo que se ha remitido al juzgado que lleva el caso una ampliación de las diligencias para que se incluya el fallecimiento y que la autoridad judicial estime si es conveniente que se modifiquen los cargos contra el acusado.

La segunda intervención tuvo lugar en la zona de la venta El Boticario, también en la capital. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha imputado al dueño de siete caballos heridos, desnutridos, sedientos y sucios que se encontraban en un corral artesanal con abundantes bordes cortantes y alambres salientes.

El recinto carecía del obligatorio código de registro de explotaciones ganaderas y no estaba dado de alta. Además, el propietario o responsable de los equinos no tenía ningún documento de traslado (guía de origen y sanidad pecuaria), ni documentos individuales (tarjeta sanitaria equina) que demuestren su titularidad.

Según informó la Guardia Civil, el imputado fue identificado como D. S. L., de 39 años.

El recinto donde se encontraban los caballos estaba fabricado con materiales de desecho como somieres, palés de madera, vallas, chapas galvanizadas y restos de alambrada, todo ello en mal estado y con filos cortantes, inapropiados para impedir la huida de animales.

Equinos e instalaciones incumplían los requisitos sanitarios exigidos de bienestar de los animales, distancias y emplazamientos.