Tras más de dos años, la Junta de Andalucía y la Diputación no son capaces de alcanzar un acuerdo sobre la situación de 23 graves dependientes, cuya asistencia cuesta unos 600.000 euros anuales y que ninguna de las dos administraciones quieren asumir. Su dependencia es tan profunda que muchos no pueden hablar, asearse o desplazarse por sí solos. Hasta ahora, el ente supramunicipal corría con la factura. Pero la responsable de Derechos Sociales de la Diputación, Ana Mata, recordó que de forma permanente han tenido que levantar los reparos que plantea la intervención porque con la Ley de Dependencia es una competencia que corresponde a la Administración autonómica. La Diputación tiene en su presupuesto de 2014 los fondos para costear su atención, pero exige a la Agencia Andaluza de Dependencia un convenio en el que la Junta los asuma "para salvar las cuestiones jurídicas" y al mismo tiempo adopte el compromiso de que irán progresivamente pasando a esa agencia. En caso contrario, a partir del próximo año, la Diputación planteará a Aspromanis y Sagrado Corazón -los centros en los que viven los 23 dependientes- que en vez de pagar directamente la factura, tendrán que cobrar bajo la figura de una subvención lo que supondrá una carga añadida de burocracia para los dos centros asistenciales. Aún no hay respuesta de la Junta.

"La Diputación nos ha dado la salida por la puerta trasera que es la subvención", se quejó el presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio. La Junta recuerda que esos dependientes procedían de residencias de la Diputación, que ese servicio era "histórico" del ente supramunicipal ya que lleva 28 años cubriéndolo y que sería un "abandono" si se desentendiera del colectivo.