Málaga

La Junta destina 20,4 millones a 301 plazas residenciales en Málaga para menores tutelados

  • El nuevo contrato propone que las plazas se distribuyan en ocho zonas de la provincia de Málaga y divididas en 25 lotes

Elías Bendodo, en una intervención en el Parlamento andaluz. Elías Bendodo, en una intervención en el Parlamento andaluz.

Elías Bendodo, en una intervención en el Parlamento andaluz. / Efe

El Gobierno andaluz ha aprobado destinar más de 20,4 millones de euros --20.461.128,60 euros-- para contratar 301 plazas residenciales en Málaga para menores que se encuentren bajo la protección de la Administración de la Junta de Andalucía.

Estas plazas comprenden diferentes tipos de programas o modalidades a desarrollar en los centros residenciales en los que se acojan los menores, como son acogimiento residencial básico, acogida inmediata, adaptado para discapacidad, y conflicto social.

Así, mediante este acuerdo, la Junta de Andalucía continúa con el proceso de actualización, adaptación y homogeneización de los actuales documentos jurídicos suscritos para la prestación de acogimiento residencial a menores, con el paso a la modalidad de contrato administrativo especial, mediante la figura del concierto social.

Este nuevo contrato propone que las plazas se distribuyan en ocho zonas de la provincia de Málaga y divididas en 25 lotes. En relación con el programa de atención residencial básica se distribuyen 169 plazas para Málaga capital, 25 para Alhaurín de la Torre, 20 para Ronda, 12 para Alhaurín el Grande, 15 plazas para Antequera, ocho para Fuengirola y siete para Vélez-Málaga.

Asimismo, en relación con el programa de menores con discapacidad, nueve plazas se distribuirán a Málaga capital mientras que en lo relativo a menores en conflicto social, ocho puestos estarán en el Valle del Guadalhorce. Por último, las plazas de acogida inmediata se repartirán en Málaga capital (18) y Antequera (10). El plazo de ejecución es de dos años, prorrogable hasta un máximo de 24 meses.

En lo relativo a menores en conflicto social, ocho puestos estarán en el Valle del Guadalhorce

Con esta nueva modalidad de gestión de centros a través del concierto social se configura el instrumento por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos y en el que se le dará prioridad a las entidades de iniciativa social que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley de Servicios Sociales.

A través del concierto social, y debido a las obligatorias cláusulas sociales, la Administración andaluza impulsa las oportunidades en el empleo, el trabajo digno, el cumplimiento de los derechos sociales y laborales establecidos en la normativa y en los convenios colectivos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y de género, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas, la responsabilidad social de las entidades concertantes y el respeto al medio ambiente y al ciclo de vida.

El concierto social va a servir para dotar de mayor calidad, estabilidad y continuidad al conjunto de servicios sociales que se prestan por parte de las entidades, de modo que se reconoce el papel esencial de las entidades de la iniciativa social en la prestación de los servicios sociales, de acuerdo con el carácter prioritario que le otorga la Ley.

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