Juristas consideran "irregular" que el Museo Taurino siga sin contrato

El Centro de Arte de la Tauromaquia (CAT), abierto en un edificio público sin un contrato de cesión al privado que expone allí sus obras, ha sido tachado de "irregularidad" por varios juristas consultados por este periódico, que coincidieron en que el privado se encuentra "en absoluto precario". El también conocido como Museo Taurino abrió al público en lo que fue el Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol el pasado mes de marzo y desde entonces Juan Barco expone en él sus obras, con la salvedad de que desde el mes de mayo funciona sin un convenio donde se regulen los términos de la cesión.

El primer contrato de alquiler del Museo Taurino, rubricado por el Patronato de Turismo, se alargó apenas dos meses desde su apertura. Y una vez que el Patronato fue asumido por la Diputación, ésta aprobó en mayo una propuesta en Pleno para una concesión demanial directa del edificio. El trámite quedó entonces pendiente del depósito de la garantía por parte del coleccionista, por valor de 153.750 euros. Sin embargo, las dos partes continúan negociando varios puntos de la cesión.

Que las condiciones aprobadas por el Pleno deberían haberse cumplido a rajatabla es la tesis mantenida por uno de los juristas consultados; de ahí que considere que el museo se sustenta en la actualidad en "una irregularidad total y absoluta", en "precario por completo". "Ese es el contrato, no otro", matiza en referencia a que se estén cerrando ciertas partes de ese acuerdo de cesión, una vez aprobado en Pleno.

"Está claro que la Diputación tiene que actuar conforme a la ley y, sin embargo, lo que nos encontramos es una clara irregularidad con algo insólito que es que un particular se encuentre en esta situación, en absoluto precario", explica otro experto en Derecho Administrativo a este periódico, que matizó que el primer paso que se debería haber seguido y no se dio es el de abrir un procedimiento competitivo, "que es lo que marca la Unión Europea". "Esto es el capitalismo de los amiguetes y nos tienen ya acostumbradas todas las administraciones públicas, por desgracia", concluye.

Otro de los juristas consultados añadió además que lo idóneo hubiera sido que en la rescisión de primer contrato entre ambas partes, lo que se produjo el 5 de mayo, se "hubiera pactado un régimen transitorio", es decir, un plazo para sellar un nuevo acuerdo por el uso del edificio. A pesar de ello, en el documento mediante el que quedó resuelto el contrato de alquiler del bloque de la plaza del Siglo entre Juan Barco y Elías Bendodo -en su cargo de presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol- lo único que aparece es el "interés de la Diputación Provincial de Málaga" para una vez asumido el Patronato "formalizar un nuevo instrumento jurídico que conforme a derecho dé continuidad" al proyecto expositivo iniciado en el museo.

La portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, Francisca Caracuel, insistió en que se han producido unas "circunstancias muy atípicas" en los últimos meses provocadas por la desaparición del Patronato de Turismo y su integración en la Diputación Provincial que son las que han provocado que se tuviera que optar por otro tipo de contrato o convenio para dar continuidad a la actividad expositiva en el edificio de la Plaza del Siglo. Caracuel concretó, sin embargo, que no se podría considerar una irregularidad, sino que lo que se ha producido es "una demora" -alargada también por el periodo electoral y la tardía constitución de la Diputación para el siguiente mandato-, pero que va acompañada por parte del equipo de gobierno de la "voluntad de dar cumplimiento al acuerdo del Pleno".

La principal diferencia entre el primer contrato y la propuesta que después aprobó la Diputación radica en el canon que el privado ha de abonar. Hasta mayo se contemplaba el pago de parte del precio de las entradas, siempre que se superaran las 80.000 visitas anuales, lo que supone una media diaria de 220 entradas. Sin embargo después se modificaron estos términos -en teoría de forma consensuada con el coleccionista- y en el pliego de condiciones para la cesión del edificio se contempla un canon fijo anual de 51.250 euros que el coleccionista tendría que abonar a la Diputación, independientemente de sus resultados.