El Ayuntamiento de Málaga recupera, al menos en el plano de la voluntad política, su particular apuesta por extender a lo largo de toda la ciudad el sistema de alquiler de bicicleta con unos 400 nuevos vehículos repartidos en 23 estaciones. La iniciativa, que empezó a tomar forma hace ahora dos años ante el buen resultado de la primera fase de implantación del modelo, fue aparcada por el área de Movilidad ante el anuncio de varias empresas privadas de desembarcar en la capital de la Costa del Sol con varios cientos de bicicletas.

Sin embargo, la llegada de estos promotores está mínima y de un éxito escaso. Un hecho que se suma a las sombras que empieza a generar esta iniciativa privada tras conocerse la experiencia en otras ciudades españolas e internacionales. Una muestra de ello es lo ocurrido en Madrid, donde meses atrás aparecieron arrojadas al río Manzanares decenas de bicis, a lo que se suma la queja los problemas que generan la ocupación del espacio público de estos vehículos. Algo parecido sucedió en Granada, donde las bicis de la empresa oBike, una de las que anunció su intención de llegar a Málaga, eran objeto de numerosos actos vandálicos.

El sistema cuenta en la actualidad con unos 43.000 usuarios, cifra que se mantiene fija

Precisamente, en el intento de ordenar adecuadamente el hipotético desembarco de estas empresas, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, recordó que desde el primer momento se les informó a estas firmas de la necesidad de respetar ciertas condiciones. "Les decíamos que las bicis no se pueden dejar en cualquier lado y que íbamos a requerir que tuviesen base para el mantenimiento, un seguro, un teléfono de contacto", explicó, demandas que, consideró, "quizás hayan disuadido a esas empresas".

Ante esta situación, Maeso confirmó la intención de reactivar el pliego de condiciones para contratar la ampliación de las bicis de alquiler. "Vinieron dos o tres empresas diciendo que iban a traer unas mil bicis", recordó la edil. Pero la realidad es otra. Por ello se opta por recuperar la iniciativa municipal, a la que aún queda un trecho de cierta importancia por delante. La entrada en vigor de una nueva ley de contratos hace algunos meses va a obligar a los técnicos a reelaborar ciertos detalles del pliego original, trámite al que habrá de seguirle el estudio por parte de los servicios de contratación.

Solo cuando el documento cuente con todos los parabienes podrá entrar en la vía de licitación. Un paso para el que es indispensable disponer de una reserva presupuestaria que para 2018 no existe. Todo hace indicar que, en el mejor de los casos, se pospondrá a 2019, en la idea de que se pueda recoger la partida necesaria.

Aunque se tratará de un contrato único, la idea es que la expansión se haga por fases. A ello contribuye la necesidad de que cada estación disponga de una serie de instalaciones y permisos. "Requiere de un trabajo importante, incluso de las autorizaciones de las comunidades de propietarios", expusieron fuentes próximas al proyecto. El valor manejado para el contrato se sitúa en 36,6 millones de euros, incluyendo la instalación del centenar de estaciones, la compra de los vehículos y su mantenimiento durante un periodo de quince años. El esfuerzo económico, en cualquier caso, se pretende reducir con el cobro de una especie de canon anual a los usuarios, que podría rondar los 30 euros. La extrapolación de la cifra a los cerca de 43.000 clientes actuales supondría un aporte de 1,3 millones.