La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Mariví Romero ha instado a la Junta de Andalucía a que "permita a los malagueños 'rescatar' el proyecto de las tecnocasas para rehabilitar una parte sensible del centro histórico de la capital por 2,5 millones de euros, tras aceptar la Administración andaluza la propuesta del Consistorio ante su incapacidad para gestionar dicho plan".

Así, Romero ha criticado "la dejadez, la desfachatez y la desidia" del Gobierno andaluz con la provincia de Málaga", poniendo como ejemplo dicho "plan fallido que evidencia el desgobierno andaluz con esta ciudad".

En rueda de prensa, junto al concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Pomares, la parlamentaria ha anunciado que este miércoles realizará una pregunta al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, sobre "por qué la Administración andaluza no da luz verde a ese acuerdo alcanzado en diciembre de 2016 con el Ayuntamiento".

La parlamentaria ha advertido de que "las reuniones técnicas han finalizado y el acuerdo está cerrado, pero desconocemos por qué la Junta no termina de formalizar este rescate de la ciudad de Málaga".

Romero, que ha calificado este rescate como "un hecho inaudito y que no ocurre en otras provincias", ha reprochado al Gobierno andaluz su "inacción", recordando que "fue la propia Junta quién instó al Consistorio a actuar en Palma-Palmilla mientras ellos recuperaban el entorno de Lagunillas y los arrabales del centro histórico", apuntando que "hablamos de una zona que dista pocos minutos a pie de calle Larios, pero que está sin dinamizar por culpa de esta iniciativa fallida de la Junta", ha incidido.

"Actuar en este entorno es fundamental para dinamizar una zona importante del centro histórico en los entornos de las calles Madre de Dios, Ollerías y Victoria y también de calle Gigantes, donde se ubica la casa natal de Cánovas del Castillo, imposible de recuperar porque está afectada por el convenio", ha puntualizado Romero.

Asimismo, ha indicado que "el barrio debe recuperar su origen y dotar de vivienda asequible el mercado", por lo que ha instado al Gobierno de Susana Díaz a "permitir este rescate sin más demora por el bien de la ciudad".

El concejal de Urbanismo en el Consistorio malagueño, Francisco Pomares, por su parte, ha puesto de manifiesto que "la Junta planteó en 2003 este plan de rehabilitación que contemplaba la construcción de 600 viviendas protegidas y una inversión de 100 millones de euros, si bien diez años después acumulaba una deuda de más de diez millones de euros en expropiaciones impagadas, más de 80 solares abandonados y casas cerradas, después de haber echado a vecinos de sus casas".

Tras este "despropósito", ha continuado, "en 2014 abandonaron el plan y el Ayuntamiento se puso a trabajar convencido de que esta zona no podía permanecer abandonada por la inacción de la Junta por lo que, dos años después, conseguimos un acuerdo que suponía el rescate de dicho proyecto, de manera que el Consistorio abonaría 2,5 millones de euros, se quedaría con la mitad de las parcelas y construiría 136 viviendas, además de recuperar el viario y el espacio público".

"La ciudad salió al rescate de este plan fracasado de la Administración andaluza y alcanzamos un acuerdo en diciembre de 2016, cuando empezaron a redactar un convenio, pero no entendemos por qué casi dos años después aún no tenemos noticias de la Junta", ha criticado Pomares, alegando que "entendemos que pueda haber trámites administrativos y jurídicos, pero poca explicación se debe tener para tanta dilación".

"Quiero pensar que no hay una mano culta que intenta frenar el avance de la ciudad y que estos vecinos recuperen la dignidad que la Junta les robó en 2003", ha concluido Pomares.