Primeras grietas salariales en la empresa de limpieza de Málaga

Algunos de los viejos fantasmas de Limasa regresan con el final del año a la nueva empresa pública de limpieza de Málaga. La discrepancias entre la plantilla de la sociedad municipal y el Ayuntamiento por las cuestiones salariales vuelven a quedar en evidencia.

Tanto es así que según pudo saber este periódico, existen diferencias apreciables tanto en lo relativo a la subida salarial contemplada para el presente ejercicio 2020 como en el montante de la paga que deben percibir los empleados a finales del próximo mes de enero y que se cuantifica en unos 1.420 euros.

A la espera de nuevos acontecimientos, las posturas de las dos partes no son coincidentes.

En el apartado de la actualización salarial de este año, el comité de empresa defiende una subida cercana al 2%, tomando como base lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el sector público. El uso de esta variable contrasta con lo fijado en el convenio laboral de Limasam, publicado a finales de 2019, cuando aún estaba operativa Limasa.

Sin embargo, el presidente del comité, Manuel Belmonte, justificó esta reclamación en que a día de hoy no existe previsión de IPC alguna por parte del Gobierno central, que sería la que habría de aplicarse. A esto suma la existencia de fallos judiciales que avalarían la posición de los trabajadores.

De manera precisa, el acuerdo laboral vigente establece en su artículo, las tablas salariales aumentarán el índice de precios (IPC) interanual y se añade: “Para el año en curso (en referencia a 2020) se abonará a la previsión que establezca el Gobierno para ese año. No se producirán descuentos en tablas salariales por IPC negativo”.

Un factor que se mantiene inalterable para 2021 y 2022, que es cuando finalizaría la vigencia del acuerdo. Belmonte fue claro al apuntar que este es el escenario en el que se mueve este asunto, si bien precisó que no se trata de una exigencia de los trabajadores. “Lo que decimos es que tenemos que hablar, no es que estemos exigiendo”, insistió, admitiendo la necesidad de avanzar en estos asuntos con el nuevo gerente de la empresa. Sí subrayó la intención de la plantilla de cumplir lo firmado en el convenio.

Algo en lo que se ratificó la concejala de Limpieza, Teresa Porras, quien al ser preguntada por la subida salarial prevista para este año, fue contundente: “Lo que hay firmado en el convenio. Y en este sentido, si el IPC es negativo no será aplicado, pero no habrá subida; voy a cumplir el convenio al 100%”, dijo. “Hay que cumplir con el convenio que tenemos firmado, en eso estamos trabajando”, añadió. En otro de los puntos en los que no parece estar todo despejado es el de la paga que los trabajadores suelen percibir a finales de enero y que en el nuevo escenario labora de la empresa pública se vincula al absentismo y a la productividad.

A ojos de los trabajadores las circunstancias especiales de este año, claramente marcado por la pandemia, han alterado de manera clara la posibilidad de medir objetivamente ambos parámetros. Sobre el absentismo, al que se vincula la mayor parte de esa paga, Belmonte cree que ahora “no se puede medir porque tenemos el Covid”. Queda por saber si la visión del Consistorio es semejante o pretenderá aplicar este valor.

En cuanto al porcentaje de la productividad, que puede rondar el 30% del montante a percibir, las dos partes sí están de acuerdo en que no se verá alterado por cuanto no se han fijado aún los mecanismos necesarios para, formalmente, medir el trabajo de los operarios. Sobre ello, Porras admitió que tal y como se recoge en el convenio esa parte de la ecuación no podrán tomarse en consideración hasta que se disponga de la maquinaria necesaria, lo que requerirá una inversión añadida que, previsiblemente, se afrontará en el año 2021.

“Qué productividad nos pueden pedir si el trabajador va al cuartelillo a una tarea y no vuelve a esa misma tarea hasta el jueves o el viernes; no es lo mismo que tenga una continuidad, en función de la calle que sea, con el apoyo de varios vehículos... Hay que potenciar los medios. Va todo unido. Entonces sí, cuando una persona tenga su tarea y los medios, el operario tiene que responder”, argumentó Belmonte.

Una de las cláusulas incorporadas al convenio del servicio de limpieza, que fue objeto de controversia en los años de Limasa, es la de la supresión del carácter hereditario de los puestos de trabajo en caso de invalidez o fallecimiento. Sobre ello, el presidente del comité aseguró que se está aplicando esta máxima desde el mismo momento en que se puso en funcionamiento Limasam, lo que tuvo lugar el pasado 1 de julio. Belmonte también mostró su crítica al hecho de que el anterior gerente de Limasa, Rafael Arjona, siga trabajando en la nueva Limasam, al haber sido subrogado justo al resto de la plantilla.