Málaga

El TSJA admite el contencioso de los vecinos contra la depuradora en la vega de Mestanza

  • El tribunal da diez días a la Administración para que se pronuncie

  • Los afectados han alegado una "flagrante indefensión" por la falta de información

Vecinos de Mestanza con carteles que piden que se conserve la vega.

Vecinos de Mestanza con carteles que piden que se conserve la vega. / Javier Albiñana (Málaga)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido el recurso de la Asociación de Vecinos Mestanza y Lomas de Cantarrana contra la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de construir la nueva depuradora norte en la vega de Mestanza, unos terrenos situados entre los municipios de Málaga y Alhaurín de la Torre poblados por unos 15.000 árboles frutales con una producción de cítricos de millón y medio de kilos con certificado ecológico.  

Los afectados alegan "flagrante indefensión" por la falta de información sobre el proyecto. Según explica el abogado Marcelino Abraida se produjo una falta al derecho a la información de los vecinos para poder defenderse y pidieron la paralización del proceso como medida cautelar. 

En el escrito del TSJA, la jueza informa de que se ha formado una pieza separada sobre el incidente cautelar y demanda oír al organismo autor del acto recurrido para que en un plazo de diez días manifieste "lo que tuviera por conveniente sobre dicha petición". Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de la resolución impugnada. 

Los vecinos de la vega de Mestanza consideran que la parcela de 20,8 hectáreas en la que se proyecta la EDAR norte "es la peor ubicación y la más cara" y no entienden por qué no se han elegido otras alternativas presentadas en 2017 mejor comunicadas, más rentables y más alejadas de viviendas a las que los olores y ruidos de la depuradora pudiera causar un perjuicio. 

Por el momento, la Junta de Andalucía asegura que el cambio de ubicación no está sobre la mesa y que el proyecto continúa su curso para evitar un nuevo retraso, ya que se pagan 634.000 euros de multa al semestre por verter al Guadalhorce cada año 5,9 hectómetros cúbicos de aguas residuales sin depurar. Para este proyecto se han previsto 131 millones de euros. 

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