Málaga tendrá presupuestos a finales del próximo mes de enero. Aunque para ello el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha visto forzado a ceder de manera evidente en uno de los asuntos capitales: Limasa. Lo hace ante sus socios de investidura, Ciudadanos, y sobre todo ante buena parte de los integrantes de su equipo de gobierno del PP, que desde hace meses se venían oponiendo a la idea original del regidor de ir a un modelo de limpieza público. Al final, el consenso alcanzado entre todos los actores implicados en la operación va a dar lugar a un sistema en el que la recogida de residuos y su tratamiento quedará en manos de una sociedad pública y la limpieza de las calles (la más sensible a ojos de los vecinos), de las playas, de los mercados y de los polígonos serán objeto de al menos dos concursos para adjudicarlos a empresas privadas.

La fórmula cuenta de inicio con el rechazo "frontal" del comité de empresa de Limasa, así como del bloque de izquierdas en la Casona del Parque, que desde hace años insisten en la necesidad de apostar por una mecanismo enteramente municipal. A pesar del malestar expuesto por la plantilla, que en los próximos días abordará el nuevo escenario con la convocatoria de una asamblea, el presidente de la representación sindical, Manuel Belmonte, lanzó un menaje claro: "que los malagueños estén tranquilos en Navidad".

O lo que es lo mismo, no habrá huelga en las próximas semanas. ¿La habrá más adelante? La cuestión queda sobre la mesa. Lo que sí dejó claro el comité es que los trabajadores se defenderán "a muerte" ante un planteamiento "híbrido", como fue calificado por De la Torre, que consideran como "el peor de todos". Este mensaje fue trasladado por los propios operarios al regidor en una reunión a primera hora, tras haber tenido conocimiento de los planes del equipo de gobierno del PP "por la prensa".

"Le hemos dicho al alcalde que es la peor decisión que puede tomar", expuso momentos después Belmonte, subrayando que la medida no solo afectará a los intereses de la plantilla sino de toda la ciudad, recordando que con una Limasa pública se obtendrían ahorros que cifró en unos 15 millones de euros anuales. A su juicio, la alternativa ahora conocida es fruto de la "guerra interna" que hay en el seno del PP, "comandada por Bendodo y su mano derecha, Raúl Jiménez [actual concejal de Medio Ambiente]. "Utilizan Limasa como arma arrojadiza", apostilló.

Sea como fuere, la aplicación de este nuevo modelo no será inmediata. El propio alcalde lo reconoció al indicar que en el caso de la parte que se quiere privatizar "necesitará al menos de un año", mientras que sería posible que en la municipalización de los otros servicios pueda avanzarse con más rapidez. No obstante, admitió que lo razonable sería que el conjunto del sistema empezase a funcionar al mismo tiempo, evitando un solapamiento con la actual Limasa III, cuya acción se mantendrá prorrogada.

Habló también de aprovechar los próximos meses para mantener conversaciones con los trabajadores y el resto de grupos de la oposición, que ayer mostraron su rechazo a la idea. El portavoz socialista, Daniel Pérez, habló de "modelo neoliberal de Cs y PP"; Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, coincidió con los trabajadores en que es "la peor solución que se podía tomar", y Remedios Ramos, de Málaga para la Gente, calificó la propuesta de "locura".

Preguntado por las posibles presiones internas en su equipo de gobierno para haber dado marcha atrás en su apuesta por una Limasa municipal, De la Torre respondió: "la palabra presión no es la correcta, hablamos de diálogo y de un escenario en la que todos se sienten cómodos". Las reuniones que durante meses ha mantenido el alcalde para convencer a parte de sus ediles de las bondades del modelo público contó con la oposición, entre otros, del presidente del PP, Elías Bendodo, y del edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez.

El mandatario quiso relacionar también esta cesión en la necesidad de que Málaga cuente con un presupuesto lo antes posible y que el mismo haga una apuesta por mejorar la maquinaria de la actual Limasa III. "Va a permitir tener los recursos necesarios para que funcione lo mejor posible, renovando la maquinaria", dijo. Sobre ello, habló de que la intención es, mediante renting, ir cambiando los camiones de recogida y las máquinas de baldeo más obsoletas a lo largo de los próximos años, con una aportación de unos seis millones anuales. Una maquinaria que, a posteriori, pasará a estar gestionada por la sociedad municipal (en el caso de los camiones) y de las firmas privadas.

En el asunto Limasa, el portavoz de Ciudadanos agradeció al alcalde que "después de 16 años haya tomado una decisión", si bien admitió que la misma no coincide plenamente con el deseo de su grupo. "Entendemos que se ha tomado una decisión y creemos positivo separar la recogida de la limpieza viaria y por otro las playas, los polígonos y los mercados".

Limasa centró buena parte del acercamiento definitivo alcanzado entre el PP y Ciudadanos para acordar las cuentas del año próximo. Pero no es la única de las cuatro líneas rojas que en septiembre marcó el partido naranja para sentarse a negociar que quedaron resueltas. Otras, de menor entidad, son el impulso de las obras del Parque de Gibralfaro y la puesta en marcha de una mesa técnica (su primer encuentro se prevé para el martes próximo) que negociará un nuevo reglamento para el Cuerpo de Bomberos.

Pero a todos ellos hay que sumar, como clave, el consenso en torno a una de las grandes operaciones urbanísticas dibujadas en la ciudad: Repsol. Los dos socios aparcan sus diferencias en cuanto a la necesidad o no de eliminar algunas de las cuatro torres proyectadas sobre la parcela y se agarran a la coincidencia en acelerar la ejecución de un gran parque, que llegaría a los 130.000 metros cuadrados (unos 50.000 más que la propuesta recogida en el PGOU) sobre este sector. La superficie planteada coincide con la que ya en abril de 2016 puso sobre la mesa el PP. Cassá incluso consideró que una vez abierta la puerta cabe pensar en que el desarrollo del mismo "sea una realidad a finales de este mandato o inicios del próximo".

Sin embargo, Ciudadanos cede en este asunto, al asumir el mensaje de De la Torre de mantener intacta la edificabilidad, la mayor parte de la cual está a día de hoy en manos municipales. El acuerdo no rebaja estos aprovechamientos pero sí aplaza el desarrollo de los mismos "a las demandas del mercado" y al próximo mandato. De hecho, según el diseño ahora realizado (por el estudio CHP), los terrenos donde en un futuro podrán levantarse las tres torres a las que tiene derecho el Ayuntamiento será destinado de manera provisional al asentamiento del mercadillo que tradicionalmente se emplaza junto a la Avenida de Europa.

"Coincidimos en la necesidad de tener cuanto antes un gran parque y para ello tiene que haber estabilidad en el PGOU", dijo De la Torre, que vería con buenos ojos la opción de rebajar el número de viviendas previstas en la parcela y destinar su uso a oficinas, aunque insistió en que ello dependerá del planteamiento que en un futuro hagan las firmas interesadas en adquirir ese suelo. Lo que se garantiza es la torre reservada a la Sareb (la más alta de las cuatro) y las 400 VPO contempladas, cuyos aprovechamientos fueron utilizados por el Ayuntamiento a modo de compensación en la operación de adquisición del suelo de Arraijanal.