La regla no escrita de que los tributos se suben tras año electoral y se congelan o rebajan en la víspera del paso por las urnas vuelve a cumplirse. El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga acordó ayer, como ha ocurrido este ejercicio, el mantenimiento intacto de los impuestos y tasas que los vecinos de la capital abonarán en 2011, en el que está fijada la próxima cita de los comicios locales. Ni siquiera se aplicará en las ordenanzas fiscales el IPC (Índice de Precios al Consumo), actualmente en el 1,8%, lo que, a juicio de la concejala de Economía y Hacienda, Carolina España, equivale de facto a una bajada de la presión fiscal.

El desarrollo de esta medida hará que los ciudadanos paguen lo mismo que este año y lo mismo que en 2009, circunstancia que para España está lejos de cualquier interpretación electoralista. "Queremos cuidar el bienestar de los malagueños y dar un respiro a sus economías", expuso. "No es una medida electoralista y la trayectoria de este equipo de gobierno demuestra una política muy moderada; la crítica sobre posible electoralismo se cae por su propio peso", manifestó España durante la presentación de las ordenanzas de 2011, que tras ser aprobadas en Junta de Gobierno Local deberán ser ratificadas en Pleno a finales de mes.

Además, recordó que la decisión ahora adoptada sigue la línea de lo ocurrido el pasado ejercicio, cuando también se congelaron los tributos. Sin embargo, en 2009 la presión fiscal creció un 4,6%, tres veces por encima del IPC con el que acabó 2008 (1,4), hecho que llevó al regidor, Francisco de la Torre, a anunciar que compensaría este año dicho incremento, paso que no se ha dado.

Si bien la decisión afecta a todos los tributos y parte de las tasas (sí sube el precio de la EMT y aún se ignora lo que ocurrirá con los aparcamientos), la incidencia es significativa en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sobre este impuesto el equipo de gobierno del PP opta por aplicar por tercer año consecutivo (el máximo plazo permitido por ley) una bonificación especial para que no redunde en el recibo final de los vecinos la revisión del Catastro efectuada en 2009 en la capital de la Costa de Sol, que, de media, duplica el valor catastral de un inmueble.

Conforme a la normativa vigente, dicha variación debía aplicarse en un plazo de diez años, a razón de un 10% de subida anual. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió ya en 2009 no aplicar ese incremento, medida continuada en 2010 y en 2011. En este escenario, ese crecimiento en la cuota se tendrá que aplicar en siete años, lo que hace prever una significativa subida del IBI en 2012 y los seis años posteriores que, en un ejercicio teórico, podría ascender a un 14%.

Tomando como referencia el recibo medio de la capital, de 294 euros, el aumento del coste sería de unos 41 euros en 2012. No obstante, la concejal eludió en todo momento realizar un cálculo sobre cómo afectará al bolsillo de los ciudadanos esta escalada del valor. De hecho, apuntó la opción que tiene el próximo equipo de gobierno de bajar el tipo impositivo del IBI para aminorar esa subida.

Sobre lo que sí hizo especial hincapié fue en el efecto que la aplicación de esta bonificación tiene sobre los ingresos municipales, ya que suponen al Ayuntamiento casi 64 millones de euros (34,6 millones en 2011). Málaga, según los datos facilitados ayer por el equipo de gobierno, se mantiene con una de las cuotas más bajas del IBI de las capitales de provincia de España. Al tiempo, subrayó, es la única capital de provincia de Andalucía que no aplica la tasa de recogida de basura. Añadiendo a este concepto otras ayudas en el pago de tributos, la cifra de los beneficios fiscales entre 2008 y 2011 será de 101 millones.

Más allá de estos detalles, las nuevas ordenanzas incluyen novedades en las bonificaciones para fomentar la sostenibilidad, previendo ayudas en el IAE para las empresas que implanten planes de transporte colectivo o que trasladen las instalaciones industriales a zonas alejadas a los núcleos más poblados.

En el ICIO se aplicarán bonificaciones de hasta el 95% (antes del 15%) a construcciones, instalaciones u obras consistentes en la implantación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y hasta un 50% a aquellas que favorezcan o faciliten el acceso y la habitabilidad de personas con discapacidad.