Varapalo del Comité de Derechos del Niño (CDN)de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado español sobre su política con los menores inmigrantes no acompañados (menas) y el sistema para la determinación de su edad a cuentas de un mena que fue ingresado en la cárcel de Archidona en 2017, habilitada como centro de internamiento de extranjeros.

El organismo de la ONU da la razón a la denuncia que interpuso entonces Andalucía Acoge y considera que en el caso de B. G. se vulneraron cuatro artículos de la Convención de los Derechos del Niño por lo que exige una “reparación efectiva para el menor”.

Pero el dictamen va más allá y apremia al Estado español a corregir su forma de proceder con los menas así como el proceso para determinar si son mayores o menores de edad a fin de “evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.

El abogado que en su día llevó el asunto por Andalucía Acoge, y que este viernes recibió el dictamen del organismo de la ONU, José Luis Rodríguez Candela, recordó que ya hay una decena de resoluciones de esta institución internacional “sacándole los colores” al Estado español por su actuación con los menas.

La ONG denunció en 2017 tres casos similares de menores argelinos no acompañados que tras llegar en patera fueron ingresados en la cárcel de Archidona. En dos de ellos, la resolución cautelar del CDN que disponía parar su devolución llegó un día después de que hubieran sido devueltos a Argelia. Como luego no pudieron ser localizados –requisito para que el organismo de la ONU continúe el caso–, sus expedientes se archivados. Pero el de B. G. prosiguió su trámite.

El joven dijo tener 17 años y presentó un acta de nacimiento para acreditarlo. El Comité aclara que la determinación de la edad es fundamental porque es la llave para decidir si “tendrá derecho a la protección como niño o será excluido de dicha protección”. En el Hospital de Antequera se le hizo una radiografía de la muñeca izquierda que determinó que tenía 19 años y un juzgado decretó su ingreso en Archidona.

El Comité de la ONU observa que el acta de nacimiento de B. G. no fue impugnada por el Estado “por lo que su minoría de edad permanece” hasta tanto no se demuestre que los documentos que prueban su edad no son válidos. Además, señala “la falta de precisión de los exámenes oseométricos, que tienen un amplio margen de error y, en consecuencia no son apropiados como único método para determinar la edad”.

El Comité da 180 días al Estado español para aplicar el dictamen sobre los ‘menas’

También advierte el organismo de la ONU que al menor no se le asignó un representante legal, lo que supuso la violación de los artículos 3 y 12 de la Convención de Derechos del Niño porque “la falta de representación oportuna puede resultar una injusticia sustancial”. Y más aún, ya que argumenta que el proceso de determinación de la edad al que fue sometido B. G. “no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención”.

Dictamina además el Comité que el Estado vulneró el artículo 20 al ingresarlo “como adulto” en la cárcel de Archidona. Y también el número 8 porque –sin impugnar el acta de nacimiento que indicaba que era menor– le atribuyó la mayoría de edad.

El dictamen no sólo da la razón en este caso a la ONG, sino que enmienda además las actuaciones hacia los menas. El Comité recomienda por ello al Estado español que los documentos que aporten estas personas “sean tomados como auténticos”, que se les asigne un representante legal y un tutor.

Y también, que desarrolle un mecanismo de reparación “efectivo y accesible” para estos jóvenes, que el proceso de determinación de la edad de los inmigrantes que dicen tener menos de 18 años “sea acorde con la Convención” y que capacite a todos los funcionarios intervinientes “sobre los derechos de los menores migrantes”. Para ello, el organismo de la ONUle da al Estado Español un plazo de 180 días para que adopte las medidas de cara a cumplir el dictamen.