El último día laborable del año ha tenido como protagonista en el Ayuntamiento de Málaga el caso de Callejones de El Perchel, generado tras la compra de la empresa Dazia de las propiedades de la sociedad Vitrubio en esta céntrica zona y que afecta a unos 40 inquilinos de viviendas y locales comerciales. Tras varias peticiones por parte de los perjudicados, que ya han recibido dos cartas de desahucio y tres de impugnación de la consignación de renta, el alcalde se ha reunido con ellos y se ha comprometido a mediar con la promotora para "que tenga un marco abierto de negociación". 

"La reunión ha sido muy grata y muy constructiva y enriquecedora también con los vecinos de El Perchel, los vecinos afectados y que tienen la preocupación respecto a su situación actual", ha comentado Francisco de la Torre. En ese encuentro también han participado el delegado de Recursos Sociales y Vivienda, Francisco Pomares, el delegado del distrito Centro y Medio Ambiente, Francisco Cantos, y el delegado del Instituto Municipal de la Vivienda, José María López Cerezo.

Enrique Gutiérrez, el representante de los vecinos, Francisco Gutiérrez, el asesor de los afectados y Remedios Ramos, concejala de IU y Mari Carmen Martín, del grupo Socialista, más un grupo reducido de vecinos han estado presentes en la reunión. "La conclusión es que, en esta inversión que se ha producido por la empresa Dazia comprando lo que la sociedad Vitrubio tenía en esta zona de El Perchel, la solución consiste en buscar una fórmula donde haya sensibilidad, sentido de cercanía a la solución de los problemas que se puedan generar a los vecinos que hay en la zona", ha apuntado el alcalde de Málaga. 

"Hay que distinguir entre lo que es renta antigua y renta moderna, la moderna no tiene legislación que les ampare en su continuidad, y la renta antigua sí lo pueden tener, por lo que el marco de fórmulas y legislación es diferente, pero en ambos casos hay que poner la sensibilidad máxima", ha agregado De la Torre. 

Para el regidor es fundamental que haya "una postura abierta y sensible en la que sea compatible el negocio que una empresa legítimamente viene a hacer a Málaga y a la que queremos ofrecer seguridad jurídica, como es natural, pero al mismo tiempo sea compatible con la necesidad de minimizar o anular problemas o interrogantes sociales. Y creo que esto con imaginación y compromiso se pueden buscar soluciones". De la Torre ha concluido que "la obligación que he adquirido con los vecinos es transmitirle a la empresa sus situaciones para que esté en ese marco abierto de negociación". 

Los vecinos seguirán luchando para no abandonar el barrio

Enrique Gutiérrez, representante de los vecinos de El Perchel, ha valorado la "buena sintonía" con los representantes municipales y ha destacado que esperan "que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo y estemos todos contentos, que haya paz social y que no follones". El alcalde de Málaga "se ha comprometido a hacer gestiones con la empresa para que actúe de otra manera, le hemos contado lo que está pasando y se comprometen a que van a hablar para que se resuelva la problemática de los vecinos", ha afirmado Gutiérrez, que lleva 40 años viviendo en Callejones de El Perchel y tiene un contrato de alquiler indefinido. 

También ha señalado que los casos se están judicializando, que ya han llegado a los tribunales, y van a pedir la colaboración ciudadana con un crowdfunding para afrontar tanto las costas judiciales como las campañas de sensibilización "para que esto no se apague". Gutiérrez ha indicado que hay "normativas municipales que pueden obligar a la empresa a que no actúe de esta manera, herramientas tienen para hacer ver a la empresa que tiene que cambiar su forma de actuar", y ha recalcado que ya han recibido dos cartas de desahucio y tres de impugnación de la consignación de renta. Esto supone que la firma administradora no admiten el pago del alquiler para poder terminar los contratos.

"Entre locales y viviendas somos unos 40 vecinos los que quedamos, los que vamos a pelear, porque algunos empezaron a irse", ha dicho Gutiérrez. "Lo que queremos es vivir en nuestro barrio, no contemplamos otra cosa", ha dicho. Además, según ha explicado el representante de los vecinos, "el PGOU y el plan de restauración de El Perchel dicen que estas casas no se pueden derribar porque están protegidas y lo que cabe es la remodelación integral de todas las viviendas". A esto hay que añadir que las ITE (Inspección Técnica de Edificios) aseguran que no hay ruina, por tanto, no hay excusa para demoler, según Gutiérrez.

Los perjudicados por esta operación comercial están demandando que de los 22 bloques existentes se rehabilite una pastilla, o se creen viviendas nuevas, en las que reubicar a estos inquilinos, ocho o nueve de ellos de renta antigua. Y con el resto "que hagan lo que tengan que hacer y tengan permitido, que dejen las fachadas y rehagan todo el interior o lo que sea, pero queremos seguir aquí y que no se acabe con un entorno protegido", ha reiterado Gutiérrez.