Sr. Alcalde, ¿por qué no paraliza el procedimiento de la torre del puerto y oye a los malagueños?

Las noticias que estos días sobrevuelan la prensa de la ciudad nos llevan a preguntarnos por qué nuestro alcalde insiste en dar luz verde a la aprobación y ejecución del proyecto de la Torre del Puerto sin escuchar a los malagueños.

¿Cuál es la razón de ser de la impugnación judicial de la Torre del Puerto de Málaga? En su origen no se encuentran directrices ideológicas de ningún tipo, ni la misma obedece a un relato basado en gustos o preferencias deportivas como si se tratase del Real Madrid o del Barcelona. La cuestión es más profunda. Y es que está en juego el futuro identitario de Málaga como ciudad histórica y romántica tal cual la conocemos, imaginamos y deseamos. Ningún malagueño cabal puede estar en contra de un proyecto de desarrollo para su ciudad, pero sí son demasiados los que coinciden y advierten que la ubicación es sin duda equivocada, además de prohibida por el ministerio de la Ley.

La estampa romántica que conocemos del litoral pintado en los siglos XIX y principios XX por Ocón o Gómez Gil es la precursora de esa Málaga escaparate que hoy describimos orgullosos más allá de nuestras fronteras. Sr. Alcalde, no hay necesidad de condenarla cuando existen vías alternativas que no hieren tanto este espacio tan singular y sensible. El problema no es un rascacielos más, sino la ubicación elegida para esa edificación mastodóntica en un entorno declarado Bien de Interés Cultural como es el Conjunto histórico del Centro. Por eso somos muchos los que le decimos que “ahí no”. Así no se crea Ciudad. Hay lugares donde la construcción enriquece; en otros, sin embargo, empequeñece y deteriora la identidad. El valor no lo marca la altura, sino la sensibilidad ciudadana, y es harto imprudente erosionar el paisaje en pos de reafirmar una modernidad de la que podría gozar nuestra ciudad con otros macroproyectos urbanísticos.

El Ayuntamiento está haciendo dejación de su obligación de ordenar y controlar la planificación urbanística de la ciudad, permitiendo que la Junta del Puerto altere a su antojo las previsiones del PGOU de 2011 mediante una innovación del Plan Especial del Puerto, nula de pleno derecho por constituir una modificación encubierta de aquel. El Principio de Jerarquía Normativa requiere modificar antes o simultáneamente el vigente PGOU. A las bravas no se puede innovar un plan de desarrollo como es el Plan Especial del Puerto. Y es que el urbanismo no es un ejercicio de fuerza: es un lenguaje de reglas que existen o se promulgan para proteger a la ciudad de decisiones improvisadas y carentes de sentido.

Esta alteración del Plan Especial del Puerto está huérfana por carecer de habilitación de la planificación general. La mayor está aquí, pero se han cometido muchos más incumplimientos tanto formales como de fondo sobre los que la Justicia tarde o temprano tendrá que pronunciarse.

Una cuestión tan trascendente para la ciudad exigía que quien es garante de la Ordenación de la Ciudad reaccionase y no se hubiese aquietado aceptando los dictados del Capital y de la Junta del Puerto al margen de la Ley. Alega el Ayuntamiento que el Plan Especial del Puerto es un instrumento autónomo y por tanto no le vincula el Urbanismo. Craso error. Es autónomo exclusivamente en sede de infraestructuras portuarias, pero el uso hotelero con parámetros de índole urbanístico que prevé el PGOU vigente le convierte en un instrumento urbanístico sometido a este.

Tan catastrófica e incongruente fue la decisión del PGOU de 2011 de prever un rascacielos como la innovación del Plan Especial del Puerto alterando las determinaciones de aquel. No ha existido participación real de la ciudadanía, sino un paripé de información pública forzado por imperativo legal que nadie salvo unos pocos profesionales lee.

Los vecinos no han tenido ocasión de opinar, sino que se han encontrado frente a una jugada maestra orquestada para que el Puerto y los petrodolares se coman el litoral. Habría sido necesario un auténtico debate ciudadano o incluso un referéndum municipal (Ley 12/2019, de 12 de marzo de consultas populares y procesos participativos), pero el Ayuntamiento, incomprensiblemente, se ha puesto de perfil.

Una promesa contemplada en un programa electoral no es vinculante. Es un simple manifiesto, promesa o compromiso sin valor jurídico. Algo que tampoco nadie lee. No es argumento, pues, para justificar que por mayoría absoluta se legitimó.

Y respecto de los nuevos cambios que los malagueños conocemos por la prensa, el Proyecto del Arquitecto Sr Chipperfield constituye sin lugar a dudas una modificación sustancial del Proyecto (o lo que fuere) del Arquitecto Sr. Segui y del concurso singular (o lo que fuera) ganador, alterándose los parámetros de altura y edificabilidad que ya el Plan Especial del Puerto aprobó a su manera. Esto implica para el Ayuntamiento otra innovación del Plan Especial del Puerto (y del PGOU de 2011). Y en sede del concurso para la Junta del Puerto obliga al archivo del procedimiento y a convocar uno nuevo garantizando la transparencia y la libre concurrencia. En definitiva, se trata de una trampa esperpéntica que pretende disfrazar el disparate, ataviándolo con falsa modernidad y progreso. Málaga no rechaza su crecimiento; rechaza que se le imponga sin método. Y ese es, precisamente, el problema que conviene resolver antes de que la torre tenga más altura que legitimidad.

Resulta especialmente llamativo que el Ayuntamiento invoque un supuesto “interés general” para justificar este proyecto cuando, paradójicamente, todas las encuestas publicadas en los últimos años revelan exactamente lo contrario: una mayoría abrumadora de malagueños rechaza la Torre y cuestiona su emplazamiento. No es un proyecto que nazca de la voluntad del pueblo, señor Alcalde, sino algo que usted pretende colocarnos como si de una urgencia histórica se tratase. Y de esto, aunque a otra escala, ya aprendimos los malagueños.

Volviendo a lo mollar: el Ayuntamiento y su Agencia Publica Administrativa Local (Gerencia Municipal de Urbanismo) deben tomar conciencia de que el asunto de la Torre del Puerto tiene carta de naturaleza urbanística y que cualquier paso que se dé al respecto debe estar refrendado por los ciudadanos mediante un proceso auténticamente participativo y sin intenciones artificiosas, así como su posterior incorporación al PGOU, respetando el procedimiento legalmente establecido. Lo actuado constituye una deslealtad con la Ciudad de Málaga y sus vecinos.

Esta es la triste historia del rascacielos que quiere construirse sin Málaga. Y es precisamente Málaga la que ya conoce el precio de equivocarse con su horizonte. Lo aprendimos cuando se levantaron la Malagueta o el Málaga Palacio, decisiones que hoy asumimos como parte de la ciudad, pero cuyo coste estético y urbano nadie ignora y olvida. Hemos aprendido la lección. Lo que no queremos es que alguien decida repetirla por nosotros. Málaga le exige a gritos sentido común.

Pablo Fernández-Canivell y Giner

Juan Ramón Fernández-Canivell y Toro

Abogados Urbanistas