El entramado societario de una banda que presuntamente blanqueaba el dinero obtenido de la explotación laboral de extranjeros ha sido desarticulado en Málaga por la Policía en una operación en la que han sido detenidas cinco personas y se han bloqueado dieciocho cuentas bancarias.

Esta actuación es la segunda fase de una operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector de la construcción de ciudadanos de origen africano en situación irregular que se saldó el pasado julio con otras dieciocho detenciones, ha informado este jueves la Policía en un comunicado.

En esa primera fase se detectó una red que, bajo la apariencia de una estructura empresarial, utilizaba la imagen de una asociación de ayuda al inmigrante y captaba así a sus víctimas para su explotación en la construcción.

Las víctimas tenían que comer y dormir en el interior de vehículos y, además, realizaban servicios de peón o de seguridad de obras en jornadas que continuaban más allá de 24 horas.

En la segunda fase se ha realizado la investigación económica, que se inició en octubre de 2022 y se ha centrado en la estructura societaria de la organización criminal desarticulada.

Los agentes detectaron que estaba compuesta por siete personas jurídicas -algunas de ellas a nombre de testaferros- que estaban actuando ilícitamente, por un lado, explotando laboralmente a extranjeros en situación irregular mediante subcontratas realizadas a las sociedades mercantiles controladas por los miembros del entramado.

De esta forma hacían pasar a los inmigrantes -en su mayoría subsaharianos, sin permiso de trabajo y en situación de vulnerabilidad- por terceras personas dadas de alta en la Seguridad Social.

A su vez, ejercían un control exhaustivo de las horas que trabajaban y les pagaban en metálico 'in situ' cantidades de dinero ínfimas, muy por debajo de los salarios mínimos estipulados, lo que generaba una gran riqueza proveniente de la explotación laboral.

Por otra parte, las pesquisas han acreditado que la organización ha generado ingentes beneficios, y los agentes han analizado operaciones bancarias que suman más de 4,1 millones de euros.

Se han detectado actividades inusuales para una sociedad mercantil, lo que se refleja en el manejo de dinero, por su elevada cantidad, la dinámica de las transmisiones y el hecho de tratarse de dinero en metálico.

Todo ello permitió concluir que la estructura económica de la organización funcionaba regida por el criterio o principio de 'caja única'.

Esto supone que los ingresos y gastos de un entramado societario se centralicen en una tesorería única con todos los recursos financieros a su cargo, sin que cada sociedad o asociación pueda disponer del mismo con autonomía, y en este caso coexisten los ingresos lícitos con los ilícitos.

En esta segunda fase de la investigación los agentes han evidenciado que parte de los ingresos obtenidos con la actividad ilícita se destinaron a la adquisición de bienes muebles (vehículos) a nombre de las dos asociaciones creadas al efecto, sin ingresos recurrentes ni actividad económica alguna.

Mientras tanto, otra parte de las ganancias se utilizaban para hacer frente a los pagos en efectivo de los inmigrantes explotados.