El colectivo por la defensa del sistema sanitario público de saludmarea blanca inició este curso con la propuesta de la creación de una oficina virtual para denunciar los incumplimientos de los plazos de espera en determinadas asistencias sanitarias, en concreto, de las intervenciones quirúrgicas, las primeras consultas a especialistas y las pruebas diagnósticas, servicios a los que los decretos de garantías de la Junta de Andalucía dan unos plazos máximos, pasados los cuales el paciente tiene derecho a ir a la consulta de cualquier facultativo y que sea la administración quien pague la factura. En concreto, se quejaron de que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) utiliza una triquiñuela procedimental para cumplir estos tiempos sobre el papel aunque en la práctica se tarde mucho más; así, no utilizan la fecha de cuando el médico de atención primaria derivó el paciente, sino desde que la petición queda registrada en la agenda, la cual, según explicaron, "permanece cerrada bastante tiempo, incluso meses, hasta que están seguros que van a cumplir los plazos, y es entonces cuando dan la cita". Los decretos de garantías, de 2001 y 2004, establecen un tiempo máximo de 180 días naturales para intervenciones quirúrgicas, de 60 para las primeras consultas de especialistas y de 30 para las pruebas diagnósticas. "Vamos a ir explicándolo por los centros sanitarios de la provincia para animar a los usuarios a que denuncien este incumplimiento, la oficina virtual empezará a contar el tiempo desde que ven al médico de cabecera, no desde que obtienen la cita", puntualizó Tyler Durden, uno de los integrantes de la marea blanca de Málaga.

Como consecuencia de esto, apuntaron que se está produciendo una gran masificación en las urgencias de los centros andaluces, y de la provincia de Málaga en particular, porque es a este servicio a donde muchos doctores de cabecera envían a sus pacientes para que sean atendidos, en lugar de seguir los cauces normales, que actualmente son demasiado largos.

Asimismo, denunció Durden que esta circunstancia se debe a "los recortes que se llevan haciendo desde hace años en Andalucía de forma solapada, no tan visibles como en otras comunidades". Igualmente, acusaron a la administración autonómica de favorecer una privatización encubierta, así, Rafael González, secretario general de sanidad de CCOO e integrante del colectivo, destacó como ejemplo que "según los propios datos del SAS las sesiones de rehabilitación realizadas por centros concertados aumentaron de 2008 a 2001 un 2.604%". Y, además, el colectivo destacó que desde que comenzaran los recortes, se han perdido numerosos puestos de trabajo en el SAS, con una tasa de reposición de sólo el 10% y contrataciones al 50 y al 75%.