El Ayuntamiento y las sociedades municipales de Marbella no pudieron justificar el destino que dieron a 180 millones de euros entre los años 1991 y 2000. La Fiscalía precisa en el escrito de acusación del caso Saqueo II contra 36 personas, entre las que figura el núcleo fundacional del GIL, que el Tribunal de Cuentas detectó en un primer informe que la contabilidad se había maquillado para disimular los agujeros negros. En este sentido, se ocultó el déficit de tesorería y "se manipuló" la contabilidad de las sociedades municipales para que presentaran una cuenta de resultados saneada, al tiempo que se realizaron operaciones ficticias para justificar la salida de fondos. Así, por ejemplo se reconocieron y pagaron deudas que no existían y se vendió patrimonio en actuaciones claramente perjudiciales para las arcas municipales.

Una de las operaciones más llamativas la firmó el ex alcalde Julián Muñoz cuando en febrero de 1998 autorizó la transmisión de dos fincas a Daya Sant por 2,3 millones de euros, como pago por una "supuesta deuda". Aquellas dos fincas fueron vendidas cuatro días después a la sociedad Mar and Gregory por 2,6 millones y 15 días después volvieron a venderse por seis millones de euros.

La Fiscalía indica también que los fondos púbicos fueron "distraídos" en órdenes de pago ajenos al interés público e, incluso, en pagos realizados a concejales "por servicios inexistentes o ficticios".

El entonces secretario municipal, Leopoldo Barrantes, ahora procesado en el caso Malaya, certificó al Tribunal de Cuentas que no se había tramitado en el Ayuntamiento "ningún contrato administrativo de los solicitados (...) durante los ejercicios 1992 a 1999". En este sentido, el fiscal agrega que los acusados "actuaron (...) fuera del control de la legislación bien creando el entramado de sociedades municipales, bien participando en los órganos de administración de esas mercantiles a las que fueron traspasados fondos públicos municipales provenientes de Ayuntamiento". Todo se hizo sin que los órganos públicos encargados de controlar el gasto pudieran "supervisar su último destino".

Una vez realizado el primer informe, el Tribunal de Cuentas decidió ampliar su investigación a la totalidad del universo municipal de Marbella. Es entonces cuando aparece en escena el arquitecto madrileño Carlos Monteverde, que se enfrenta por este caso a ocho años de cárcel.

El Tribunal de Cuentas detectó, y así detalla el fiscal en su informe, que la sociedad municipal Contratas 2000 encargó, a través de una veintena de contratos, a siete empresas de Carlos Monteverde la redacción, dirección de obras y consultoría técnica de 73 proyectos que supuestamente implicarían la inversión de 570 millones .

En virtud de ese acuerdo "se desviaron fondos públicos municipales" valorados en 41,8 millones en concepto de honorarios profesionales. No obstante, de esta cantidad "sólo está acreditada documentalmente" la entrega a Carlos Monteverde de 13,7 millones. Además, los pagos realizados al arquitecto madrileño constan en la contabilidad de la sociedad municipal Contratas 2000 correspondientes al trienio comprendido entre 1997 y 1999 como "realizados en efectivo".

Estos 73 proyectos, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, eran en realidad puro humo. Así, los hombres del GIL quisieron justificar una inversión de 31 millones para la que se habían pactado honorarios de casi tres millones para construir un centro internacional de negocios, pero la documentación entregada correspondía a un edificio público de Lugo. También se aportó información sobre un complejo turístico, que requería una inversión de 44 millones y honorarios para el arquitecto valorados en 2,9 millones, que en realidad se había levantado en Alicante. Lo mismo sucedió con la documentación de un proyecto hospitalario que correspondía al construido en otro municipio. Se recurrió también a obras públicas ejecutadas años atrás como proyectos en curso e, incluso, se presentó documentación correspondiente a un centro penitenciario de Elche (Alicante) queriendo hacer ver que se trataba de un nuevo instituto para Marbella.