La recta final del mandato, con la vista puesta en la cita de las municipales del 26 de mayo, se le pone muy cuesta arriba al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. A tres meses de arrancar la campaña electoral, el regidor se encuentra con dos de sus concejales de mayor confianza investigados por un juzgado y con el ultimátum de su socio de investidura, Ciudadanos, para que los destituya antes del mediodía del lunes. O, en caso contrario, romperá el pacto que le ha permitido mantener la vara de mando en los últimos cuatro años.

La gravedad del escenario en el que se mueve ahora el mandatario local, que acaba de cumplir 19 años al frente de la Alcaldía, es aún mayor si se tiene en cuenta que las condiciones impuestas por Cs en relación al cese de ediles investigados no son exclusivas de la capital de la Costa del Sol, sino que tienen su extensión al reciente acuerdo de gobierno entre estas mismas formaciones políticas en el gobierno de la Junta de Andalucía.

Esta circunstancia hace que, en el seno del Partido Popular, según fuentes próximas a la organización, se mantengan dudas respecto al modo de proceder en el supuesto de que, como ha venido insinuando hasta la fecha, De la Torre se niegue a prescindir de los ediles de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares; de Cruz de Humilladero, Teresa Porras y el gerente de Urbanismo, José Cardador. En especial, si todo ello pone en cuestión la alianza al frente del Ejecutivo andaluz.

El asunto salió a relucir ayer en la Junta Directiva Provincial del PP, cónclave en el que, según supo este periódico, el alcalde se reafirmó en el mensaje lanzado días atrás, cuando negó que se tratase de un caso de corrupción, tesis que comparte la práctica totalidad del equipo de gobierno en la Casona del Parque. “Dice que es injusto, que es algo administrativo, que no ha firmado ese documento”, señalaron fuentes consultadas, en alusión al supuesto compromiso suscrito con Cs. Desde la formación naranja se aportó copia de la carta que sirvió de base para los acuerdos de investidura en la Diputación y el Ayuntamiento y en la que se recoge la aceptación por parte del PP de la obligación de “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. Ese documento fue firmado por Elías Bendodo, en calidad de presidente provincial del PP.

Ante las últimas novedades judiciales, Cs pone fecha y hora al ultimátum lanzado la pasada semana al regidor. Si antes de las 12:00 del lunes el alcalde sigue sin destituir a los implicados (a excepción de que presenten su renuncia), la formación naranja romperá el pacto de investidura.

El alcalde se reafirma en que se trata de un asunto administrativo y no de corrupción

“Si no lo hace incumplirá con lo firmado por el PP tanto en Málaga como en la Junta de Andalucía y daremos por roto el acuerdo de investidura”, dijo Cassá, quien insistió en la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos. Porras aseguró a este periódico que no piensa dimitir. “No he hecho nada para dimitir;solo he hecho mi trabajo, atender a los ciudadanos”, comentó.

A la espera de nuevos acontecimientos, el hecho objetivo es el paso dado ayer por el Juzgado de instrucción número 8 de citar a declarar como investigados a los ediles y al alto cargo por el caso Villas del Arenal, en el que se investigan supuestas “injerencias políticas” en la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas en esta urbanización. La fecha fijada para sus comparecencias es el 25 de abril; el 30 será el turno de los cinco testigos, entre ellos los tres ex altos cargos de Urbanismo (Teresa Domingo, Esther Sedano y Alberto Íñiguez), cuyos testimonios sirven de base, en buena medida, al asunto. Y el 7 de mayo están llamados otros siete testigos.

El juez ha pedido investigar una posible alteración informática de expedientes de disciplina urbanística

El juzgado abrió la semana pasada diligencias previas tras recibir la denuncia de la Fiscalía, en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación. En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez señala que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias” de los hechos denunciados se deben practicar diligencias, acordando que se “oiga en declaración a los investigados, con instrucción de sus derechos”.

En la resolución, también se insta a la Policía Nacional a que investigue los hechos relacionados “con la posible alteración informática de expedientes de disciplina urbanística relativos a la urbanización, la posible desaparición de documentos y nuevo foliado de los mismos”, así como otra supuesta alteración. Y se demanda a la Junta de Andalucía que emita un informe técnico del posible perjuicio económico.

En el auto se tiene por personado en representación de Cardador al letrado Antonio Caba, que fue alcalde de Estepona con el PSOE. Se tiene personado en representación de los ediles a José Carlos Aguilera, que ha sido defensor de varios cargos públicos socialistas.