El olor a basura se dejaba notar por todas las calles del Centro histórico. El escaparate urbano de Málaga mostraba su peor rostro en los días previos a la Navidad de 2013. La huelga de limpieza, iniciada por la plantilla el 20 de diciembre, dejó acumuladas decenas de toneladas de residuos. La sombra de unas fiestas emponzoñadas quedó definitivamente disipada cuando en la madrugada de la misma Nochebuena, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y Manuel Belmonte, en representación del comité de empresa, sellaron un principio de acuerdo que ponía fin al paro de Limasa.

Pero aquel entendimiento guardaba una letra pequeña que debía ser solventada en los meses posteriores, con el fin de formalizar un nuevo convenio colectivo. Superado el temor de la huelga navideña, el paso de los meses posteriores lejos de diluir el conflicto acabó por alimentarlo y si bien sus efectos no fueron inmediatos, las repercusiones de aquel no acuerdo definitivo se dejan sentir hoy, cinco años después, poniendo en riesgo la municipalización de la empresa y generando una losa económica sobre las arcas municipales que, en el menor de los casos, podría alcanzar los 20 millones de euros.

Este es el escenario cierto en el que se mueve a día de hoy la sociedad mixta Limasa después de que los responsables municipales diesen por cerrado y por válido el acuerdo escrito en la noche del 24 de diciembre, sin dar la envergadura que realmente tenía a los flecos que quedaban por cerrar. De hecho, este error acabó derivando en un conflicto judicial que sigue vivo pero que en episodios diferentes se ha decantado en favor de los trabajadores.

Miembros del comité de empresa de Limasa, al fondo, y en prime plano, el alcalde.

Los tribunales, primero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y posteriormente el Tribunal Supremo, amparan la reclamación de la plantilla, en el sentido de exigir la aplicación de las condiciones recogidas en convenio de 2012, el último formalmente válido a ojos de la Junta de Andalucía, administración que echó para atrás la demanda municipal de registrar como convenio el acuerdo que puso fin a la huelga de diciembre de 2013.

Las diferencias entre las partes se mantuvieron vivas incluso dos años y medio después, cuando nuevamente la plantilla de Limasa protagonizó una huelga de once días en pleno mes de marzo de 2016. En aquella ocasión se acumularon 5.000 toneladas de basura amontonadas, hubo tres detenidos y resultaron quemados 170 contenedores. El desbloqueo a ese nuevo conflicto no incluyó la respuesta definitiva al tema del convenio, dejándolo al albur de la decisión que adoptase el Juzgado de lo Social número 12, encargado del asunto.

Conforme al razonamiento judicial, los trabajadores tendrían que haber mantenido la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano, y la cesta de Navidad, valorada en 68 euros.

Y de aquellos fangos, los lodos que atenazan la vía abierta por el alcalde, Francisco de la Torre, para transformar Limasa en una sociedad cien por cien pública. A día de hoy ni los que defendieron a capa y espada la opción de municipalización dentro del organigrama municipal saben prever cuando podrá despejarse el escenario para, definitivamente, avanzar en este camino. Desde que el regidor protagonizó el solemne anuncio en el Debate del Estado de la Ciudad el pasado mes de junio, transcurren seis meses de impás, en el que el alcalde se topa con obstáculos de nuevo cuño.

La municipalización de Limasa se ha convertido en un reto personal del regidor, que tuvo que lidiar con la negativa de su equipo de gobierno, reticente a este modelo y tendente más bien a la privatización completa de la empresa. Su decisión de condicionar su candidatura a la reelección en las municipales de mayo de 2019 pone de relieve hasta qué punto le va el envite de Limasa. Políticamente, el bloqueo de las operaciones supone una derrota para el mandatario municipal que, con sus mensajes, dejaba entrever que el objetivo era sencillo de alcanzar.

Lo que no parece que midió adecuadamente De la Torre fue la negativa del comité de empresa a facilitar la empresa. Bien es cierto que el cambio de postura de la plantilla es considerable. En 2016 se mostró contundente en la idea de municipalizar, hoy no parece que el mensaje sea el mismo. Se amparan los representantes sindicales en que antes de avanzar en esta línea es preciso y necesario que el Ayuntamiento reconozca y satisfaga los atrasos acumulados con los operarios en los últimos años, esos en los que se dejaron de aplicar las condiciones fijadas en el convenio de 2012.

Sus números cifran la cuantía a abonar en unos 9.300 euros (semana atrás hablaban de más de 10.000); el Ayuntamiento, sabedor de la urgencia de desbloquear el conflicto, pasó en apenas semanas de reconocer solo un pago de 1.000 euros por trabajador (ya abonado) a ofrecer 8.200 euros. "No es eterna", dijo la semana pasada el alcalde sobre la última propuesta económica realizada por el Consistorio.

Algunos en el seno del equipo de gobierno dudan de la voluntad cierta de la plantilla por ir adelante con la municipalización, recordando que esta transformación implicaría, de facto, la eliminación de ciertas cláusulas claramente beneficiosas para los trabajadores, como el carácter hereditario de los puestos. Y con estas piezas se juega la partida de Limasa, con un final ciertamente impredecible.