Municipal

El nuevo convenio de Limasa está en vigor desde el pasado martes

  • El marco laboral se extiende para el periodo 2019-2022 

  • Vincula una parte del salario, 1.431 euros, al concepto de productividad 

  • Porras cree seguro que la municipalización estará cerrada este año

Operarios de Limasa, en una imagen de archivo

Operarios de Limasa, en una imagen de archivo

El nuevo convenio que va a regir las condiciones laborales de la plantilla de Limasa para el periodo 2019-2022 ya está en vigor. De acuerdo con la información aportada a este periódico por la concejala de Limasa, Teresa Porras, y por el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, el registro del acuerdo en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía tuvo lugar en la tarde del pasado martes.

El valor simbólico del hito es elevado, por cuanto permite al alcalde y candidato a la reelección por el PP, Francisco de la Torre, solventar definitivamente el asunto a apenas días de la celebración de las elecciones municipales. Una de las principales aportaciones del consenso entre las partes es que garantiza la paz social en la empresa de limpieza para los próximos cuatro años, allanando, además, las bases para impulsar la municipalización del servicio.

El acuerdo, que viene a sustituir al que se estaba aplicando desde 2010, incluye como una de sus principales novedades (exigencia del Ayuntamiento) la vinculación de una parte del salario al concepto de productividad. La suma finalmente incorporada es inferior a la que en su momento llegó a manejar el Ejecutivo local. Frente a los 2.500 euros de la propuesta se pasa a 1.431 euros, correspondientes al mismo concepto que hasta ahora era la paga de enero. Respecto a cuáles serán los criterios para determinar ese carácter variable, la intención es que los mismos queden plasmados en el marco de una comisión específica.

La subida salarial se ajustará tomando como referencia el IPC anual, si bien este primer año la variación será del 3,75%. El acuerdo también plantea la conversión en fijos a tiempo completo de 120 operarios actualmente están a tiempo parcial y de diez trabajadores más en cada uno de los tres años siguientes. En cuanto a las vacaciones, los 30 días se parten, de manera que al menos 15 días sean en verano.

El ya nuevo convenio mantiene el carácter hereditario de los puestos, que serán suprimidos en el supuesto de que finalmente se proceda a la municipalización. No obstante, si el Ayuntamiento diese marcha atrás en su apuesta por el carácter público de la empresa, se recuperarían los puestos hereditarios. En buena medida, el acuerdo ha sido posible después de que la plantilla haya aceptado desvincular de la negociación las reclamaciones que mantiene en la vía judicial por los atrasos no percibidos de los años de no aplicación del convenio anterior.

El documento fue ampliamente respaldado por la asamblea de los trabajadores, con el apoyo del 81% de los participantes en la votación. De las 1.246 papeletas depositadas en las urnas, 1.002 fueron positivas; 237 negativas (19%); cuatro fueron en blanco, y tres nulas.

"Tener un convenio nuevo es un gran paso, porque da una paz social que hacía falta en Limasa; no se podía estar con un convenio de 2010 y se han conseguido muchas cosas importantes para ellos y para la ciudad", explica Porras. En esta misma línea, Belmonte, muestra su satisfacción con el acuerdo, "ampliamente respaldado por la mayoría de la plantilla; ahora lo que toca es que la empresa empiece a cumplir lo firmado y nosotros a seguir trabajando".

En cuanto al proceso de municipalización, la concejala confía en que todo quede resuelto antes de finales de año. Las bases sobre las que se asentará este proceso ya fueron puestas a finales de abril, cuando el Pleno, con los votos a favor del PP y de las formaciones de izquierdas (Cs votó en contra), aprobó la memoria en la que se justifica la apuesta municipal por gestionar de forma directa los servicios de limpieza y recogida de basura.

Superada esta aprobación inicial, el documento se somete a una exposición por un periodo de 30 días naturales, en los que cualquier organización o vecino puede plantear observaciones. El principal argumento empleado para defender esta línea de acción es el informe de Intervención, en el que se concluye que es el modelo de gestión más económico. En este sentido, llega a indicar que frente al actual sistema mixto, una sociedad mercantil permitiría un abaratamiento de unos 7,7 millones de euros respecto a la factura que en la actualidad representa una Limasa mixta.

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