Los 103 municipios que componen la provincia de Málaga cerraron el año 2020 con una deuda financiera notablemente inferior a la del año previo. En su conjunto, se quedó en algo más de 539.443.000 euros, un 11,86% menos que al cierre del año 2019, en el que la cifra ascendió a poco menos de 612 millones de euros (368,2 euros por habitante), que ya fueron 133 millones menos que al finalizar 2018, por lo que las cifras siguen descendiendo. De todo ese total, más de la mitad de la deuda de la administración local en Málaga es del Ayuntamiento de la capital. En concreto, el 59,85% con cerca de 317 millones de euros en números absolutos.

Así se desprende de los últimos datos publicados, el 30 de junio, por el Ministerio de Hacienda sobre la llamada deuda viva de las administraciones locales, un concepto que se corresponde con los créditos bancarios, con los del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras operaciones de este tipo, como los FEAR (los préstamos a coste cero de la Diputación), aunque no reflejan toda la realidad económica de un municipio, puesto que no están incluidas las deudas comerciales (por facturas o pagos pendientes a proveedores) y con Hacienda y la Seguridad Social, que son importantes en algunos casos. Tampoco, los pagos pendientes por sentencias judiciales en contra de los ayuntamientos.

Esa tendencia a la baja del endeudamiento financiero en 2020 fue generalizada en los municipios de Málaga. Apenas hay cuatro excepciones. Sólo aumentaron su deuda los ayuntamientos de Colmenar, Frigiliana, Mijas y Pizarra.

A pesar de que en algunos casos el incremento porcentual puede parecer importante, se suele deber a que los municipios partían de un nivel de endeudamiento bajo en 2019. En el caso de Frigiliana, cuenta con una deuda viva de 100.000 euros a finales de 2020, aunque al cierre del año anterior su deuda era inexistente. Otro caso significativo es Mijas, que aumenta 228,36% su deuda viva, de 402.000 euros a superar los 1,3 millones, sin contar con la de la Seguridad Social.

Por el contrario, hay hasta 44 municipios que cerraron el año 2020, marcado por la pandemia, sin deber nada a las entidades financieras. Estas localidades son: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alpandeire, Árchez, Arenas, Benadalid, Benahavís, Benaoján, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Comares, Cómpeta, Cuevas de San Marcos, Cútar, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Monda, Montecorto, Nerja, Ojén, Parauta, Pujerra, Salares, Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Totalán, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Trabuco y Yunquera.

Es frecuente que los gobiernos municipales resalten la reducción de deuda viva como ejemplo de buena gestión. Pero, como apunta Hilario Hurtado Gómez, miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) en la capital hispalense, en los últimos años, los ayuntamientos han tenido muchas limitaciones para solicitar créditos.

Por un lado, está la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a destinar preferentemente el superávit municipal a amortización esas deudas y, por otro, la regla de gasto, que hasta ahora que se ha suspendido por la pandemia limitaba el aumento del presupuesto de cada año incluso cuando el municipio tuviera remanentes.

Además, cuando la deuda supera el 75% de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior, los ayuntamientos deben pedir autorización a la Junta para suscribir nuevos créditos. Según recuerda, algunas de esas medidas se pusieron en marcha tras la crisis que se desencadenó en 2008, cuando los ayuntamientos acumulaban también una deuda con proveedores, un lastre para la supervivencia de pequeñas empresas.

Después de que el Ministerio de Hacienda, entonces con Cristóbal Montoro al frente, obligara a convertir esa deuda comercial en créditos para pagar a las empresas, fue cuando se alcanzó el pico de deuda viva en las administraciones locales. Unos números en las antípodas de lo que, por ejemplo, llegó a deber la capital de la Costa del Sol en 2013. Ese ejercicio, según Hacienda, los municipios malagueños acumularon unos números rojos de 1.500 millones de euros. Es decir, que en el intervalo de ocho años, los valores han descendido en casi un millón de euros (un 64,04% de descenso). En el caso de Málaga ciudad, esta tendencia es semejante. Ocho años atrás sus arcas sumaban una deuda viva de 748,3 millones, 431,42 millones más que en la actualidad. Esto supone un descenso del porcentaje total de un 57,65%.

El interventor descarta además que esa importante reducción de deuda entre 2019 y 2020 tenga que ver con la situación de pandemia y el que haya habido gastos, como los consignados en el presupuesto para actividades festivas o culturales, que no se hayan ejecutado. Según recuerda, esos ingresos no están disponibles hasta que se liquida el presupuesto, en el primer trimestre del año siguiente y es entonces cuando se puede consignar para créditos.

Además, aunque se haya podido ahorrar, también se han perdido ingresos vinculados a esas actividades y ha habido que hacer mayor desembolso en ayudas sociales, tareas de limpieza o desinfección y acopio de material sanitario, cuando ni los gastos estructurales ni las inversiones en obras han variado mucho, más allá de que se hayan producido retrasos.