La última sentencia emitida por el Tribunal Supremo sobre la financiación del Metro de Málaga, que parcialmente da la razón al Ayuntamiento de la capital en su antigua disputa sobre los pagos a realizar a la construcción del suburbano, pone de manifiesto de manera inequívoca, por un lado, el incumplimiento que el Consistorio viene haciendo de las obligaciones que él mismo asumió en favor del proyecto ferroviario, y por otro, que con lo recogido en el fallo el Consistorio se protege de cara a posibles reclamaciones económicas posteriores de la Administración regional en cuanto a la obra.

La omisión, en cualquier caso, protagonizada por la Corporación local puede decirse es doble. La propia naturaleza del proyecto en cuestión es la de un Metro que se maneja en un primer escenario de ejecución, aún pendiente de quedar completado, y de puesta en funcionamiento, situación en la que se encuentra desde hace ya algo más de seis años. Y en cada una de estas esferas, conforme al convenio suscrito en abril de 2003, el Ayuntamiento se comprometió a abonar cantidades millonarias que siguen ausentes.

Un asunto que fue objeto de discrepancia y conflicto en los anteriores mandatos, cuando la gestión autonómica estaba en manos del PSOE, en solitario, o en coalición con IU. En esos años, ante la deriva de los acontecimientos, el aún alcalde, Francisco de la Torre, exigió de manera reiterada la necesidad de revisar y firmar un nuevo marco contractual entre las dos administraciones.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Y cada una de sus reclamaciones fue ignorada por la Administración regional, aduciendo que antes era necesario precisar la carga económica que correspondía asumir al Consistorio. En la nueva etapa de Gobierno andaluz, con la alianza del PP y Ciudadanos, el tema parece aparcado, y ni el regidor ni los responsables actuales de la Consejería de Fomento o de Hacienda parecen haber recuperado la cuestión.

Y todo quedaría en ese limbo, dejando pasar los años, si no fuese porque esta misma semana se ha conocido el fallo judicial del Alto Tribunal. En el seno del equipo de gobierno municipal la lectura que se hace del mismo es favorable. No solo porque se reduce el dinero que tiene que aportar el Ayuntamiento con cargo a los trabajos del Metro materializados hasta finales de 2012, sino porque se interpreta que con la sentencia queda cerrada la posibilidad de que la actual Junta o los futuros gobiernos puedan reclamarle nuevas liquidaciones del proyecto, toda vez que el mismo ha sido objeto de numerosas modificaciones e incrementos presupuestarios que exceden con mucho el montante sobre el que se sentaron las bases del proyecto.

El Ayuntamiento de Málaga cree que el fallo judicial cierra la puerta a nuevas reclamaciones sobre la inversión en obra

Algo sobre lo que se pronuncia de manera explícita el tribunal. "La sentencia parte de una premisa cierta que «debe permanecer intocada», esto es que el Ayuntamiento, en los pactos que le vinculaban con la Junta de Andalucía, estaba obligada a anticipar el 25 por 100 de la aportación que debía aportar el Estado a la ejecución de la obra, pero que dicha cantidad no debía superar los 27.800.000 €; bajo ningún concepto. Es decir, en todo caso, con independencia del coste de la obra y la aportación que se fijase en los pactos entre Administración autonómica y estatal para la ejecución de la obra pública, el Ayuntamiento solo estaba obligado a adelantar dicha cantidad", recoge.

En lo estrictamente económico, el Supremo rebaja a unos 13,5 millones la suma a la que está obligado el Consistorio. Muy lejos de los 32 millones que en primera instancia exigió la Junta (atendiendo a las liquidaciones de los trabajos realizados) y del orden de 800.000 euros menos que lo estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia de mediados de 2016.

Cláusula del convenio de 2003 donde se recoge el dinero que debe aportar el Ayuntamiento de Málaga a la inversión en obra.

Lo que no esconde ni modifica el Supremo, en cualquier caso, es que Málaga tiene que pagar esa parte de la factura de la obra,. Un compromiso marcado en el convenio original que viene eludiendo el Consistorio desde la puesta de la primera piedra, a mediados de 2006. Desde el arranque del proyecto fue una constante que las cuentas anuales del Consistorio no incluyesen reserva alguna para la infraestructura, situación que se ha venido alargando en el tiempo hasta hoy.

El argumento al que se agarró entonces y sigue haciéndolo hoy De la Torre es que el acuerdo marco precisaba que hasta que se cerrase la financiación por parte del Gobierno, lo que no tuvo lugar hasta finales de 2005, el Consistorio y la Junta "adelantarán la tercera parte del coste de la inversión en la proporción de un 75% correspondiente a la Junta de Andalucía (83,6 millones) y el 25% correspondiente al Ayuntamiento de Málaga (27,8 millones)". Incluso, en el documento se fija que el Ayuntamiento realizaría esos pagos los años 2005 (8,3 millones), 2006 (13,9 millones) y 2007 (5,6 millones). Pero ninguno de esos ejercicios esa suma fue aportada.

Otro de las ideas sostenidas por De la Torre fue la de reclamar a la Junta un trato semejante al dado al Ayuntamiento de Sevilla con su Metro, en el sentido de permitir compensar con obras de movilidad sostenible ya realizadas o por ejecutar la aportación del suburbano. Tema que fue objeto de no pocas reuniones, sin que se llegase a alcanzar un acuerdo definitivo que permitiese allanar el camino.

Este escenario, de enorme complejidad jurídica y administrativa, incrementa su dimensión cuando se incorpora a la ecuación el otro factor económico de la financiación de una infraestructura que, según los documentos oficiales, acabará costando del orden de 3.000 millones de euros una vez finalizada la concesión de explotación, en 2042.

Parte del acuerdo marco en el que se fija el reparto de los costes de explotación del Metro de Málaga.

Al factor inversión en obra hay que agregar una segunda variable de mayor peso económico, el correspondiente a los costes de explotación. De nuevo, el convenio de 2003 señala literalmente que la Junta y el Ayuntamiento "asumirán la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real multiplicada por el número de pasajeros que utilicen las líneas, en un porcentaje del 75% correspondiente a la Junta y el 25% restante al Ayuntamiento".

La realidad, como ocurre con la infraestructura, es que desde que entró en funcionamiento de manera parcial el suburbano, el Ayuntamiento no ha aportado un solo euro a los costes de explotación. Tampoco ha existido, que se sepa, una reclamación en tal sentido por parte del Gobierno andaluz.

En este campo existe una duda clara en el seno de la Consejería de Fomento que se alarga en el tiempo. Las condiciones actuales de la explotación están marcadas por el evidente retraso en la terminación de las obras y, por ende, en la puesta en carga completa de la red comprometida por la Junta con los socios privados.

Este hecho viene obligando a la Administración regional a compensar con cantidades millonarias a la concesionaria, Metro de Málaga, hasta que se acabe el tratado finalmente pactado y pueda garantizarse un movimiento anual cercano a los 21 millones de pasajeros. Algo que, en las actuales condiciones, no parece previsible al menos hasta el año 2028. Los últimos documentos manejados por Fomento fijan para finales de 2027 la terminación del tramo soterrado hasta el entorno del Hospital Civil.

Para el año que viene, según lo recogido en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, solo la explotación y la compensación ya apuntada alcanzan los 83,7 millones de euros. Atendiendo al reparto de obligaciones, Málaga debería abonar casi 21 millones. Pero no está claro que esa reclamación sea del todo ajustada.

Desde hace años, en la Junta existe la corriente de opinión de que al Ayuntamiento, al menos hasta que se complete la infraestructura, habría que cobrarle sólo por los pasajeros que realmente utilizan el Metro, un valor muy alejado de los 20,7 millones de viajeros que potencialmente se espera muevan anualmente las líneas 1 y 2. Y ello supondría que no se aplicaría a las arcas municipales la carga añadida que actualmente sí tiene que asumir la Administración regional en forma de compensación por los retrasos de la obra.

Todo ello será objeto de negociación en los próximos años. O eso parece. Esta misma semana, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, validó la necesidad de revisar el contenido del convenio que, casi 18 años después de su firma, sigue sirviendo de referencia al proyecto. Aunque es una referencia difusa, por no decir inexistente, por cuanto buena parte de sus preceptos, como se ha visto, son incumplidos o no tenidos en cuenta.Por más que parezca alejado y complejo, el resultado de esta negociación entre las partes es sustancial para analizar el futuro económico de un Ayuntamiento que año tras año ha de aportar del orden de 30 millones a la Empresa Malagueña de Transportes para cubrir su déficit de explotación y bonificar el transporte a numerosos colectivos. Una factura a la que, previsiblemente, habrá de sumar otra procedente del Metro.